Por medio de la convocatoria a audiencia pública, el gobierno prepara el terreno para nuevos tarifazos, esta vez en el consumo de agua potable y uso de cloacas, servicios a cargo de la empresa nacional Aysa. Con fecha para el 27 de marzo próximo, la empresa propone un aumento del 209%, actualizaciones mensuales y un recorte en la inversión y el gasto que, sumados los despidos, comprometen el servicio para millones de habitantes.

La empresa prestataria del servicio de agua potable y cloacas deberá informar en audiencia pública su propuesta tarifaria que afecta a 3,8 millones de hogares de todo el Amba. Recientemente, el ministro Luis Caputo rechazó la propuesta de un aumento del 138% en febrero y revisión en marzo.

La nueva propuesta de Aysa consiste en aplicar un aumento del 209% que impactará sobre todos los segmentos de consumidores, junto con una indexación mensual a partir de mayo con una fórmula que combinaría el índice general de salarios (45%), la inflación mayorista (44%) y la inflación minorista (IPC, 11%).

Además, desde la empresa estatal anunciaron que pretenden seguir a fondo con el ajuste, luego de los recortes de miles de empleos vinculados a los programas Agua + Trabajo, Cloaca + Trabajo y Conectar T, que implicaban la extensión de la red de agua potable y el servicio de cloacas.

El plan elaborado por la empresa prevé una reducción de gastos escalonada sobre el presupuesto de gastos operativos e inversiones para lograr un recorte final del 20% real del mismo, lo que implica la liquidación de las obras de ampliación y el comprometimiento del mantenimiento de los servicios actuales.

A todo esto se suma la propuesta de una nueva revisión tarifaria a mediados del año (julio), donde no se descartarían nuevos aumentos contra la población.

Con el esquema tarifario propuesto por la empresa Aysa, las facturas medias que alcanzan a casi un millón de hogares pasarán de actuales $5.663 promedio (sin impuestos) a $17.500 en abril. Mientras que los hogares pobres (1.187.139) lo harán de $4.551 a $14.062. Los montos bajan para quienes no cuenten con servicio de cloaca.

Este tarifazo se sumaría a los de la luz y el gas, agravando la situación económica de millones de trabajadores, y a los recortes en la obra pública y el vaciamiento del presupuesto para urbanización de los barrios más pobres, que en la mayoría de los casos no cuentan con conexiones de agua potables, y mucho menos cloacas.

Este déficit en la inversión, que ahora vendría a agravarse, es muchas veces responsable de las enfermedades que se contraen en los barrios obreros por el consumo de agua contaminada o la proliferación de aguas servidas y cloacales en las calles, lo que a su vez satura aún más la demanda sobre el sistema de salud público ya colapsado.

El gobierno avanza con la liberación de tarifas que también impactan sobre la inflación y la liberación de precios, en un marco de ajuste sobre los ingresos salariales y populares, lo que empuja a millones de trabajadores a la pobreza y la indigencia, perjudicando la calidad de vida de estos y sus familias.

Mientras que el acceso al agua debería ser un derecho garantizado para todas las personas, Milei le pone un precio inaccesible para los trabajadores, quienes deben optar por métodos de abastecimiento más rudimentarios accediendo a las napas freáticas y a todo tipo de agentes contaminantes.

Milei sigue atacando a los trabajadores con su ajuste mientras la casta sale ilesa y con grandes beneficios, lo implica redoblar la apuesta en la lucha contra esta ofensiva contra la población trabajadora, parando y retrotrayendo los tarifazos y poniendo los servicios básicos (luz, gas, agua, transporte, etc.) en manos de los trabajadores.