En Bahía Blanca, el año comenzó con la toma de viviendas del Plan Federal.

La intendencia ordenó el corte de los servicios, y un cerco para aislar y desabastecer a las decenas de familias que luchaban por su vivienda. Luego se sumó la estafa de la empresa DyF a cientos de familias que se quedaron sin las casas que estaban pagando, ante la mirada cómplice del municipio, que se desentiende por ser un "conflicto entre privados".

Con el último sorteo del plan Procrear se abrió un nuevo capítulo en la crisis habitacional. Las más de 1.600 familias favorecidas se encontraron con una realidad que superó los beneficios del crédito. Los valores de los terrenos, disparados desde hace tiempo por la especulación inmobiliaria, dieron un nuevo salto, colocándose muy por encima de los 100 mil pesos que otorga el Procrear.

A estos precios confiscatorios, se agrega que entre los requisitos se establece que la suma pagada por un terreno no debe exceder los 120 ó 150 mil (dependiendo del salario) y que los plazos que manejan los bancos para otorgar el dinero superan los 90 días, mientras las inmobiliarias mantienen los terrenos señados sólo por una o dos semanas.

Bajo estas condiciones, el plan Procrear es inviable. Quienes salieron sorteados en Bahía Blanca comenzaron a organizarse. La urgencia de las familias es una bomba de tiempo que los partidos patronales se pasan de mano en mano, mientras ocultan su responsabilidad por el acaparamiento de tierras por parte de inmobiliarias y particulares. Porque tierra sobra: por un decreto del PEN en 2012 fueron cedidos terrenos del Ejército para el Procrear, pero el municipio (FpV) lo niega. Son tierras de alto valor por la ubicación y buscan destinarlas a "mejores" causas. El propio municipio publicó un informe que señala que 150 hectáreas se encuentran actualmente en "proceso de usucapión": se sigue consumando la apropiación privada del suelo.

Ahora el gobierno nacional destinaría fondos de la Anses para que las provincias y municipios se encarguen de urbanizar tierras ociosas. Si éstas llegaran a ser insuficientes, serían asignadas mediante un nuevo sorteo (Página/12, 29/11).

Los que no tengan a la suerte de su lado continuarán a merced de la especulación inmobiliaria. En esta línea, el municipio propone una ordenanza de recategorización de tierras sin uso que no contempla una expropiación a los actuales propietarios. A pesar de presentarse con el objetivo de un aumento de la oferta, esos lotes se valorizarán; en las condiciones actuales no son viables para el Procrear, pero se los admitiría, con la promesa de que en un futuro incierto contarán con los servicio.

De este modo, el actual propietario de una parcela sin lotear se beneficia con la medida de recategorización del suelo. El derecho a la vivienda, reducido por el Estado a un juego de azar, choca de lleno con los intereses de los grandes capitales inmobiliarios. Unifiquemos todos los reclamos mediante la organización de asambleas por la vivienda, para luchar para que el Estado garantice el acceso a tierras urbanizadas por los montos establecidos por el mismo plan Procrear.