En los últimos días tuvo lugar una nueva ocupación de tierras a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Se trata de alrededor de 70 familias, mayormente del barrio 9 de noviembre, que tomaron dos manzanas en la zona de Fragata Sarmiento al 2000.

Se suman a las ocupaciones en Don Bosco al 4100 (200 familias) y Spurr (Esmeralda al 1100, 100 familias).

El intendente Héctor Gay (Juntos por el Cambio) amenazó con quitar todas las ayudas sociales a quienes tomen tierras, apoyado en una ordenanza municipal de su antecesor, Gustavo Bevilacqua (PJ); y las policías de todos los distritos hostigan a las familias. Pero las vecinas, mayormente mujeres con hijos, han perdido el miedo, porque sienten que ya no tienen nada que perder.

En todos los casos los testimonios son similares: hasta cuatro generaciones atravesando la pandemia bajo el mismo techo, sin posibilidades de ampliar la vivienda. O familias trabajadoras que ya no pueden seguir pagando el alquiler. Y no solo por la altísima desocupación, sino también trabajadores, mayormente precarizados, cuyos salarios no les permiten pagar el alquiler, que no baja de $10.000 mensuales.

Los voceros de los ocupantes manifiestan su voluntad de pagar los terrenos y/o viviendas mediante un plan accesible. Pero luego de las reuniones de los intendentes con el gobernador Axel Kicillof y el presidente Alberto Fernández, la respuesta es clara: no hay planes de vivienda, sino “megaplan de seguridad” con un refuerzo de $37.700 millones al servicio de la represión de las ocupaciones (las que llevan adelante los vecinos pobres, no las de los pulpos inmobiliarios amigos del poder). Es por otra parte la orientación que el gobierno viene llevando adelante. Más allá del relato de los diputados oficialistas, respaldado por Juan Grabois, la única verdad es la realidad: 868 desalojos violentos con la policía y 524 detenciones, según datos oficiales de la provincia con los que Sergio Berni lanzó su precoz campaña electoral.

Para justificar la represión, Gay y los gobiernos de todos los niveles tratan de instalar el fantasma de las “tomas políticas”. Pero el propio Gay reconoce que en Bahía hay un faltante de 10.000 viviendas, ¡desde hace 15 años! (10 años de PJ-FpV y 5 de macrismo). Es notorio que la situación se ha agravado sobremanera desde entonces. Hay más de 200 ocupaciones de tierra ociosa en la provincia, y las tomas se multiplican en todo el país, lo mismo que la represión. El gobierno de los Fernández ha resuelto criminalizar a cientos de miles de personas privadas del derecho constitucional a la vivienda.

En conversación con Prensa Obrera, un vecino de la ocupación de Don Bosco nos cuenta que los vecinos fueron ocupando de a poco, desde el mes de abril. “Los terrenos están abandonados desde hace muchísimos años y eran un basural. Los vecinos nos estamos organizando, nosotros limpiamos los terrenos, estamos haciendo un relevamiento de las familias que el municipio no hizo. Fuimos al municipio a pedir una solución a nuestra situación. Ni siquiera nos recibieron”. Lo mismo ha ocurrido en las otras ocupaciones. Tierras abandonadas por décadas, sin mantenimiento, que terminan siendo un foco infeccioso para los barrios aledaños. Pero cuando los vecinos las reclaman para poder vivir, enseguida aparecen los “asesores” del municipio para disuadir hablando de delitos y supuestos dueños. Sin embargo, los “propietarios” suelen ser usurpadores que acaparan tierras aprovechando información privilegiada y complicidad del poder para hacer negociados inmobiliarios, como la inmobiliaria Bellaco SA en Guernica, o los escándalos de la usucapión -un mecanismo de adquisición de parcelas- en Bahía, por los que fue denunciada penalmente la senadora provincial Nidia Moirano del espacio político de Gay. En el caso de Don Bosco, a pesar de las versiones del gobierno, nadie ha acreditado la propiedad de las tierras ante la Justicia.

Los vecinos de los barrios Puertas del Sur y Tierras Argentinas, aledaños a la ocupación de Don Bosco, han denunciado junto con el Polo Obrero que Gay manda a repartir los bolsones a policías de civil. No solo maltratan a las vecinas, sino que hacen infiltración sobre el barrio y las tomas con la exigua asistencia alimentaria.

El gobierno de Cambiemos combina estos aprietes con la represión (detenciones en Spurr y Don Bosco por “averiguación de antecedentes”), siempre procurando criminalizar a los ocupantes y enfrentarlos con el resto de los vecinos. Gay ahora declara que las tierras de Spurr son de la Nación y que estaría planteada la cesión para varios proyectos, uno de ellos al club Villa Mitre. Esto es “sarasa”: en Bahía la tierra sobra, igual que en todo el país. El problema es que es inaccesible a los trabajadores, como lo vienen denunciando hace años los adjudicatarios del Procrear. ¿Cuáles son los otros proyectos para las tierras de Spurr, que Gay esconde y que tendrían prioridad por sobre el derecho a la vivienda?

Frente a la creciente pauperización de la población, agravada por las políticas fondomonetaristas del gobierno del Frente de Todos y la oposición de Juntos por el Cambio, el Polo Obrero y el Frente de Izquierda apoyan decididamente a las familias trabajadoras que se ven empujadas a ocupar terrenos.

La CTA Bahía Blanca también se ha pronunciado en este sentido, y a propuesta de la agrupación Naranja la asamblea de la Aduns (docentes universitarios) resolvió repudiar la represión policial como método de resolución de las tomas de tierras, y reclamar planes de vivienda accesibles para brindar soluciones integrales al problema habitacional.

Para ello se requiere partir del no pago de la deuda externa y aprobar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas y ganancias presentado por el Frente de Izquierda-Unidad.

Es necesario hacer un relevamiento e investigar la entrega de tierras a grandes empresas inmobiliarias por parte del Estado y revertir esa estafa. Suspender por 180 días todo desalojo de terrenos ocupados después del 20 de marzo del 2020 hasta verificar la situación social y la titularidad de los propietarios. Que la provincia expropie las tierras ocupadas para su utilización en la construcción de viviendas. Plan de viviendas populares con trabajo genuino y bajo convenio, con participación de los trabajadores desocupados de la zona.