El 25 de febrero pasado, autoridades del municipio de Bahía Blanca anunciaron el traspaso a gestión privada de dos líneas de transporte urbano hasta entonces operadas por la empresa estatal Bahía Transporte Sapem (BTS). La medida, que benefició a la empresa local San Gabriel, se terminó de concretar en marzo, sin mediar por parte del gobierno de Héctor Gay una información detallada que justificara el cambio de operador. BTS acordó que San Gabriel absorbería 17 vehículos por un monto de $16 millones y 32 empleados. Los argumentos a favor de este remate de líneas de colectivos giran en torno al déficit de BTS y al riesgo de que, en una nueva licitación del servicio, no hubiese interesados en operar el servicio.

En 2012, y a raíz de la salida del Grupo Plaza del sistema de transporte publico local, se traspasaron nueve líneas a operadores privados de capital local y tres al operador estatal. Mientras que los nuevos operadores privados se quedaron con las líneas más rentables, BTS mantuvo los servicios donde la relación pasajero/km era baja y, por ende, menos rentable. A pesar de haber absorbido líneas con bajas perspectivas de rentabilidad, desde 2014 BTS adquirió nuevas unidades. Incluso, a fines de 2019 BTS incorporó dos nuevas unidades al negocio, lo cual denota que, al menos hasta ese momento, el déficit de BTS o se había revertido respecto de la situación de 2012 o no alcanzaba magnitudes críticas. Por esto, no se entiende cómo en 16 meses desde la última inversión en vehículos la situación del operador estatal pasó de satisfactoria a justificar un traspaso, aun considerando la disminución de ingresos por la pandemia. Tampoco se entienden los incentivos que llevarían a un privado a absorber 2 líneas que, siempre según la versión del gobierno de Gay, serían deficitarias y con un futuro difuso alrededor del momento en que recuperarían pasajeros o ingresos.

Otro punto oscuro de este proceso se refiere al valor por el cual San Gabriel tomó los 17 vehículos de BTS ($16 millones abonados en un anticipo de 30% y 24 cuotas). Si bien el presidente de BTS afirmó que la valuación de las unidades traspasadas se basó en la tasación de Mercedes Benz (La Nueva, 17/3), las declaraciones de los funcionarios son incompletas y confusas, abonando la hipótesis de que estamos ante el vaciamiento de una empresa estatal. El valor pactado para los rodados transferidos, que no supera el millón de pesos cada uno, es inferior a lo que el municipio obtendría en un remate o incluso del valor que los propios organismos regulatorios del sector (que otorgan subsidios y aprueban cuadros tarifarios) establecen para los vehículos según antigüedad. La diferencia de valuación no es despreciable, sino que representa alrededor del 30% de lo que correspondería si se considerasen valores “normales”.

Por ello, la supuesta recuperación del déficit que tendría BTS por la venta de los buses es nula, no solo porque liquidará activos con valores muy inferiores a los usuales para el sector sino porque terminará de cobrarlos en 2023, a valores reales inferiores incluso al precio pactado.

Estamos ante un típico caso en el que una empresa estatal es desmembrada al servicio de intereses privados y en desmedro de los usuarios y del presupuesto estatal, al desprenderse de unidades millonarias que ahora son transferidas a precios muy bajos y en cómodas cuotas. Está claro que se trata de un paso firme en el camino privatizador que el gobierno de Gay viene trazando. Así lo anticipó el propio intendente en una entrevista radial realizada el año pasado: “Seguramente se privatizará Bahía Transporte Sapem" (ídem, 31/08/20).

Ante la política privatizadora del gobierno de Gay, que cuenta con el silencio cómplice de la conducción de la UTA, el pueblo trabajador debe oponer su programa en función de sus propios intereses. La defensa de un sistema único de transporte público, bajo control de los usuarios y trabajadores, que garantice un servicio de calidad, a precios populares y cuyos recorridos se definan en función de las necesidades reales de la totalidad de los barrios de la ciudad, se vuelve una cuestión crucial, toda vez que sus condiciones de vida sufren los embates sin tregua de una inflación, desocupación y carestía crecientes.

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