El reciente asesinato de una persona el pasado martes 8, en la zona de Retiro (CABA), a manos de un joven adolescente de 15 años ha reflotado en las fuerzas políticas patronales el debate sobre la baja de edad de imputabilidad. A la insistencia de los referentes de Cambiemos para tratar su frustrado proyecto de Régimen Penal Juvenil se suma la “polémica” del ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, que deja al descubierto la orientación represiva del gobierno contra la juventud.

La discusión entre los ministros oficialistas esconde algo de tramposo, ya que el proyecto de bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 14 años –y no a 15 como ahora se habla- tiene sus antecedentes en el gobierno de Cristina Kirchner y en la insistencia del exgobernador y excandidato presidencial Daniel Scioli.

En el 2009 el kirchnerismo presentó su propio proyecto de régimen penal juvenil que obtuvo media sanción en el Senado y cuyo estado parlamentario cayó al no tratarse en Diputados. El mismo establecía la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y era defendido sin ningún escrúpulo por la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien llegó a afirmar que “si hemos hecho una reducción de 21 a 18 años para adquirir la mayoría de edad, hacer una reducción de 16 a 14 parece lógico”.

Retomando esta orientación represiva y criminalizadora del kirchnerismo y la oposición patronal, Berni manifestó en estos días: “en la Argentina de hoy no tengo ninguna duda de que hay que bajar la edad de imputabilidad”. Como sucedió respecto a los desalojos contra los procesos de recuperación de tierras en todo el país, Berni ratifica la orientación del gobierno, lo que coloca a las declaraciones de la ministra Frederic como un intento de disimular esta orientación reaccionaria.

Las declaraciones de Frederic sobre elaborar supuestas políticas inclusivas para los adolescentes se chocan de lleno con la orientación que se aplica en las provincias, en CABA y en todo el territorio nacional. Por ejemplo, ninguna acción de la  ministra ha impedido que la Bonaerense de Berni persiga, reprima y asesine a la juventud de las barriadas obreras de la provincia de Buenos Aires. Es lo que ha venido sucediendo durante todo el primer año de sus funciones, con la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro por medio.

Resulta que Sabina Frederic no es solo una opinadora acerca de cuestiones de seguridad, sino la ministra de Seguridad de la Nación, a cargo de una suma de fuerzas (Gendarmería, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria) comprometidas con el delito organizado y la delincuencia, al igual que la Bonaerense y las policías de las provincias. Es difícil de explicar la penetración del narcotráfico y la subsistencia de redes criminales sin la participación de muchas de estas fuerzas. También la colaboración de las mismas con operativos represivos de distinta índoles contra el pueblo trabajador.

El contrapunto forzado entre Berni y Frederic es solo a los fines de disimular una política de fondo, que vuelve con medidas de una mayor regimentación y persecución de la juventud en tiempos donde las estadísticas de pobreza en la niñez y la adolescencia se encuentra por las nubes. Así se instala nuevamente los debates para reflotar una Ley Penal Juvenil, con el fin de contar con un instrumento que respalde legalmente los apremios, abusos y persecuciones que las fuerzas represivas ejecutan todos los días.

Nuevamente un debate falso

Como ya es reiterativo en los últimos años, el debate sobre la baja de edad de imputabilidad a 14 o 15 años carece de fundamento, ya que la incidencia de los delitos graves protagonizados por adolescentes de esas edades es insignificante: no habría ninguna mejoría en la reducción de la criminalidad y los homicidios con la penalización y criminalización de los adolescentes.

Más bien se trata de un recurso frecuente de los sucesivos gobiernos para crear un chivo expiatorio desde el cual desviar la atención del fondo de la cuestión: la asociación ilícita entre las fuerzas represivas del Estado, los jueces y funcionarios con el crimen organizado, que da origen a la mayoría de las redes criminales (narcotráfico, mercado negro, redes de trata, etc.) que producen millones en ganancias espurias.

Además de servir de pretexto para aumentar la presión sobre la juventud, principalmente en los barrios carenciados donde los abusos y negocios de la policía y el crimen organizado actúan con mayor impunidad.

Las declaraciones de Berni han llegado para recordarnos que en esta materia el gobierno nacional comparte la línea punitiva y criminalizadora de Cambiemos. Ninguna baja de la edad de imputabilidad. Por el desmantelamiento de los aparatos represivos y sus fuerzas descompuestas, sumergidas hasta lo más profundo del pantano de la criminalidad.

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