Mientras la economía se hunde en la peor recesión de los últimos 14 años y el sector de la construcción registra una caída interanual de casi 10%, el gobierno anuncia con bombos y platillos la nueva línea de créditos hipotecarios basados en Unidades de Vivienda (UVI). Lejos de cualquier objetivo progresista, esta medida recuerda a la nefasta circular 1050 emitida por el Banco Central en 1980 (de la que Néstor y Cristina Kirchner se beneficiaron como abogados), y que llevó a la ruina financiera a miles de trabajadores.

 

Una proporción enorme de la clase obrera no puede acceder a la vivienda propia y, en cambio, debe gastar una parte sustancial de su salario en pagar alquiler durante toda su vida. Nada de esto cambió sustancialmente con el gobierno “nacional y popular”, cuya política frente al problema se limitó al plan Procrear, una línea de créditos a tasa subsidiada que en la mayoría de los casos solo cubrían refacciones, remodelaciones o construcciones en terrenos pertenecientes al solicitante. Con todo, el número de beneficiarios a duras penas llegó a 150.000, muy lejos de las reales necesidades sociales para paliar tan siquiera el agudo déficit habitacional.

 

El gobierno propone ahora un nuevo instrumento destinado a resolver el problema: créditos hipotecarios en UVI, donde el capital adeudado se ajusta a la evolución de la inflación. Para tentar a potenciales beneficiarios, se ofrecen montos altos (hasta 2 millones de pesos) y una tasa baja (5% anual) sin necesidad de garantes, con el objetivo de revivir el moribundo mercado inmobiliario. Sin embargo, en medio del agudo proceso inflacionario, la actualización del capital por inflación se traduce en un aumento vertiginoso de las cuotas a pagar.

 

¿Quién puede pagar una cuota de $ 8.000?

 

Por ejemplo, si se accede a un crédito de un millón de pesos (valor de mercado de un departamento pequeño en Capital Federal) a 15 años, la cuota inicial es de poco más de 8000 pesos. Sin embargo, proyecciones conservadoras de inflación llevarían esa cuota a alrededor de 40.000 pesos hacia el final del período (monto que podría ser varias veces superior si las proyecciones de inflación fueran menos optimistas). El salario promedio de los trabajadores en blanco ronda los 17000 pesos, lo que deja en claro que un préstamo de estas características constituye una gigantesca confiscación salarial. Al mismo tiempo, el Banco Central ofrece bonos indexados en UVI, para atraer inversores en lo que se configura como un fenomenal negocio para el capital financiero.

 

Si el proyecto tiene éxito miles de familias contraerán deudas que luego crecerán muy por encima de sus salarios. Los créditos ofrecen alternativas de refinanciamiento, es decir, frente al aumento de la cuota es posible ajustar el plazo de la deuda. El resultado es claro: familias atadas eternamente a una deuda impagable.

 

La estafa y la burbuja

 

Esta estafa financiera a los trabajadores llama la atención sobre otro problema, la descomunal burbuja inmobiliaria que se ha desarrollado en nuestro país en los últimos años, particularmente desde la imposición del cepo cambiario en 2011, uno de los rasgos salientes de la política económica K. Los precios de los inmuebles en dólares han crecido muy por encima de la inflación internacional o de cualquier otro indicador relevante, lo que se convirtió en la principal traba al acceso a la vivienda para los trabajadores. Sin embargo, la parálisis del mercado inmobiliario indica que en cualquier momento estos valores podrían caer sensiblemente, para volver a niveles “de equilibrio”. En un contexto de préstamos indexados por inflación, una caída de esa naturaleza impactaría de lleno sobre el sistema financiero en su conjunto, ya que los trabajadores se encontrarían empantanados en deudas hipotecarias que superan el valor del inmueble que están comprando. En ese contexto, una ola de defaults está a la orden del día. Recordemos que fue precisamente una avalancha de defaults a créditos hipotecarios lo que disparó la crisis económica internacional en 2008, en Estados Unidos.

 

70 y 155 años

 

La crisis habitacional no encuentra solución bajo la política económica de este régimen social, sea bajo la batuta del PRO, o antes de NK y CFK. Un año atrás un estudio determinó que al 60 % de la población le tomaría entre 34 y 70 años pagar un departamento standard de 60 metros cuadrados en el caso hipotético de que pudieran destinar  un tercio de su ingreso para ese fin. Al 20 % más pobre, 155 años. Contra la fantochada del discurso progresista que invita a los trabajadores a contraer deudas eternas, planteamos un programa de salida a la crisis habitacional que no puede sino partir de la apropiación de la renta, al servicio de los trabajadores y no del capital financiero o del negocio inmobiliario.