13/12/2000 | 692

Balance de una extraordinaria reunión obrera

El Congreso sesionó con cerca de 200 compañeros provenientes de la UTD de Mosconi, la Coordinadora Barrial de Desocupados de Embarcación, la Comisión de Desocupados de Pocitos y la Coordinadora de Desocupados de Tartagal. En varias localidades se habían realizado asambleas previas. Por primera vez, una Coordinadora Departamental de Desocupados produce una tajante delimitación programática de los partidos y los gobiernos responsables de la miseria y el saqueo. El Congreso fue un verdadero laboratorio de elaboración política en el que decenas de compañeros esgrimieron las conclusiones de las experiencias en cada localidad.


Abrió las deliberaciones la compañera Enriqueta Gómez, viuda de Aníbal Verón, quien llamó a no parar la lucha hasta que no haya castigo para los policías que mataron a su compañero. Intervinieron, también, las madres de los compañeros Gómez y Justiniano, asesinados por la policía en el Corte de mayo, y la madre de Maldonado, un joven víctima del gatillo fácil policial en la zona.


Que una de las decisiones del Congreso haya sido la formación de la Coordinadora departamental es fundamental, pero es más significativo aún si se tiene en cuenta que, además de dos compañeros por organización, se decidió que los familiares de las víctimas de la represión formen parte de la Coordinadora. Con esto, se integra la lucha por perpetua a lo asesinos a la lucha general por todo el petitorio, ya que en modo alguno la tarea de meter presos a los responsables de las muertes puede quedar sólo en manos de los familiares.


El compañero Arce, representante de los Desocupados de Pocitos, describió cómo su comisión surgió en mayo, en oposición a «toda la clase política», a la que responsabilizó por la situación actual. Dijo que desde aquel momento se conquistó, mediante la lucha, el ingreso de 150 trabajadores en las compañías de sísmica. Y que luego del último corte, donde obtuvieron 100 planes, se impuso por primera vez que no sean repartidos por los punteros del intendente, sino por la propia Comisión: una parte a los luchadores más comprometidos, otra a los más necesitados y el resto mediante un sorteo público (idéntico método acaba de aplicar la Coordinadora de Tartagal). Muy agudamente, Arce denunció a la Mesa de Concertación que reúne al intendente y a las cámaras empresarias, como un instrumento del gobierno contra los trabajadores.


La compañera Ema, en representación de Embarcación, comenzó anunciando que su comisión barrial «no es obsecuente de nadie, ni de la Alianza ni del PJ», a los que responsabilizó por la falta de trabajo. Por esta delegación intervinieron numerosos compañeros que, una y otra vez, insistieron en la necesidad de formar dirigentes y que cada trabajador se convierta en un dirigente de esta lucha. Relató la compañera cómo habían expulsado de sus filas a Orozco, un personaje que aceptó una designación como funcionario del gobierno y se presenta como dirigente de una «UTD de Embarcación». Por la UTD de Mosconi estuvieron en la mesa «Pepino» Fernández, «Chiqui» Peralta y «Piquete» Ruiz. No estuvo Juan Nievas, referente de la CCC y ex candidato de la Alianza, que se ha apartado de la UTD de Mosconi.


Las intervenciones de los compañeros de Mosconi reflejaron en profundidad sus luchas desde el momento de la privatización de YPF, hace diez años.


«Chiqui» Peralta presentó una conclusión fundamental: luego de muchos años de luchas, de traiciones de dirigentes vendidos al oficialismo, y de confiar, incluso, en el gobierno de la Alianza, la experiencia los había llevado a tomar todas las luchas en manos propias, desde el manejo de los planes Trabajar hasta la vigencia de importantes obras que demuestran «lo que podríamos hacer los trabajadores si tuviéramos el poder»…


«Pepino» Fernández describió con precisión el saqueo que realizan las petroleras en la zona, apuntalando un planteo central del programa aprobado que exige la formación de un «fondo de hidrocarburos de 200 millones anuales y la triplicación de las regalías petroleras bajo control de los trabajadores», como única forma de atender las reivindicaciones básicas de trabajo y de industrializar el gas y el petróleo en la zona.


José Barraza, por la Coordinadora de Desocupados de Tartagal, refutó brillantemente el planteamiento que hace el gobierno provincial en el sentido de que la salida sería seducir o atraer a los «inversores». Barraza dijo: «Aquí no hay inversiones, hay saqueo», como lo demuestran largamente las cifras de las ganancias diarias de las compañías, en contraste con la miseria del pago por regalías (el Municipio de Mosconi, que concentra la mayor producción, apenas recibe un millón de dólares anuales por este concepto). Agregó, además, que no corresponde que los trabajadores nos pongamos a reclamar a favor de la llegada de estas inversiones (y por lo tanto sentarse a esperar una reactivación para que recién allí se consiga trabajo) y que «hay que dejar que los patrones se defiendan solos», en relación a un planteo de apoyo a las Pymes.


El Congreso ha constatado que la fuerza de los piquetes no sólo ha sido un vehículo para imponer el acceso a las compañías, sino también para imponer el aumento de salarios (ver nota) y, en este sentido, ha puesto en el centro la lucha por los 600 pesos de mínimo, como piso para todas las actividades.


Así el «ejército de desocupados», instrumento histórico del capital para hacer bajar los salarios de los que tienen trabajo, se ha convertido en el instrumento para imponer el aumento.


En suma, este Congreso reflejó la decisión de ir por más, la capacidad para elaborar una salida propia a la crisis, contra todas las variantes patronales, y un método para poner en pie una dirección que lleve al triunfo a los trabajadores en todo el país.

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