Las elecciones en San Luis estuvie­ron precedidas por una grave crisis po­lítica, a partir del estallido de varios escándalos que involucraban al gobier­no provincial. Entre ellos, la privatiza­ción de la energía eléctrica y la gestión de créditos externos para empresas “amigas” de la gobernación. Uno de los miembros de la Corte provincial (desti­tuida en bloque) reveló negociados de Rodríguez Saá que plantean la quiebra del Estado provincial.

En medio de una situación que plan­teaba el juicio político al Ejecutivo puntano. la UCR salió al salvataje de Rodrí­guez Saá, firmando con el gobierno un “acta de responsabilidad institucio­nal”, que planteaba una “acción con­certada” para “sanear al aparato judi­cial”. Se trataba, en definitiva, de “concertar” la designación de la nueva Corte… con los malversadores de la provincia. El pacto provoco una ola de desafiliaciones en el radicalismo.

La campaña del FIT (que estuvo expresada en la lista y la militancia de PO) se centró en la denuncia de este pacto UCR-Rodríguez Saá como parte do un sistema de exacción al pueblo puntano, a través de salarios misera­bles, desconocimiento de los convenios colectivos, y explotación de los vecinos a través de tarifas y cuotas usurarias en la provisión de servicios públicos.

La disgregación radical fortaleció re­lativamente a la oposición patronal ex­presada en el Frente de la Esperanza (ex funcionarios de Saá que contaron ahora con alguna “palanca” del menemismo) y la Nueva Opción (la “vieja” oligarquía provincial), los que obtuvie­ron un diputado provincial cada una.

En el campo de la izquierda, en el departamento Capital nuestra votación (1.100) sobresalió frente a la versión local del Frente Grande (900) y el Mas (400), y alcanzó al 2.07% de los sufra­gios emitidos. En el plano provincial ese porcentaje decayó por la ausencia do un trabajo organizado en la ciudad de Villa Mercedes.