Es evidente que asistimos a un circo político donde, en el curso de 24 horas, desfilaron representantes de algunos de los principales partidos patronales del “panradicalismo” y sus derivados con justificaciones de todo tipo hacia una posición “neutral” en el balotaje del 19 de noviembre, fundadas, principalmente, sobre la negativa a tener que elegir entre dos opciones. Se trata del mismo personal político que apoyó el Pacto de Olivos y la reforma constitucional del 94 que introdujo el actual balotaje para forzar una mayoría electoral inexistente en caso de crisis del régimen político y sus candidatos patronales, como ocurre en la actualidad.

Las declaraciones de Gerardo Morales y Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, los gobernadores radicales y de Juntos por el Cambio, incluso de Elisa Carrió, contra el entrampamiento del balotaje contrastan con lo obrado cuando a mediados de los 90 el radicalismo y la centroizquierda apoyó la reforma constitucional para habilitar la reelección de Carlos Menem sobre el supuesto de modificaciones “atenuantes” del régimen presidencialista.

La incorporación del balotaje en el proceso electoral no responde necesariamente a resolver una contienda electoral apretada –que en sí depende solo de quien obtenga más votos- sino de intentar refrendar el mandato presidencial sobreviniente como resultado de una extorsión política contra la población.

La introducción del balotaje por radicales, peronistas y centroizquierdista sirvió para afianzar un régimen presidencialista y de arbitraje para navegar en el mar de las crisis nacionales. Junto a otras modificaciones, como el carácter constitucional de los Decretos de Necesidad y Urgencia, el veto parcial de las leyes por parte del Ejecutivo o los “superpoderes”.

El propio balotaje se presenta como la mayor deformación de todas las deformaciones electorales, dando lugar a configuraciones electorales que pocas veces tienen que ver con las preferencias políticas del electorado sino más bien con los miedos y/o los límites respecto a las fuerzas políticas que alcancen la contienda.

Votar a uno para que no gane el otro suele ser la expresión más difundida en estos procesos, buscando allí emparentar a los trabajadores con una posición política con la que tampoco acuerdan, haciéndolos responsables de una “legitimidad democrática” arrancada por medio de una presión institucional y política de la burguesía.

Además de que el proceso del balotaje es un último resquicio de la propia clase capitalista para enderezar lo que no es de su agrado, dando lugar a nuevas reconfiguraciones, frentes y alineamientos, y a una propaganda política intensiva de campaña por los medios de comunicación, según sus preferencias. Se trata de todo un proceso condicionado por el régimen social imperante y sus principales actores dominantes.

Por ejemplo, el Pacto de Olivos en los 90, con todas estas medidas incorporadas, sirvió para apuntalar al gobierno menemista de las privatizaciones, el pago de la deuda externa, con el Plan Brady, y el ataque a los trabajadores.

La cría radical y el centroizquierdismo ahora fingen demencia senil, cuando son responsables de convalidar el mecanismo por el cual el pueblo trabajador será obligado a “refrendar” al próximo gobierno. Eso sí, para que sea quien sea obtenga el respaldo institucional suficiente para avanzar contra los trabajadores por medio de la hoja de ruta del FMI y nuevas reformas antiobreras.

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