La bancarrota de los Estados provinciales es la directa consecuencia del saqueo de las provincias que el Estado nacional realiza en beneficio del gran capital financiero internacional.

Un estudio reciente revela que sólo en 1994, las provincias recibieron 5.800 millones de pesos menos de lo que les correspondía según la ley de coparticipación en vigencia (poco más de 9.000 millones de pesos en lugar de 15.000 millones); como consecuencia de “la transferencia de las escuelas de la Nación a las provincias, los dos pactos federales y la resignación por parte de las provincias del 15% de coparticipación para el sistema de seguridad social” (Río Negro, 3/6).

Semejante confiscación alcanza para explicar también la aguda depresión económica que sufre todo el interior del país. El saqueo del 40% de los ingresos provinciales por parte de la Tesorería nacional desmiente la supuesta “disciplina fiscal” cavalliana: bastaría con consolidar las cuentas de la Nación y las provincias para mostrar que el “plan” Cavallo ha agudizado la bancarrota histórica del Estado nacional mediante un endeudamiento generalizado.

Los gobiernos provinciales pretendieron sobrellevar la caída de sus ingresos coparticipados mediante el endeudamiento: la deuda pública de Córdoba, por ejemplo, supera los 1.000 millones de dólares, y la de Río Negro trepa a los 400 millones, dos cifras que superan largamente sus ingresos anuales por coparticipación. La crisis bancaria ha hecho estallar todo este castillo de naipes, porque los bancos ejecutaron las garantías de las deudas provinciales —los fondos de coparticipación: Río Negro, por ejemplo, tiene embargado el 50% de sus ingresos coparticipados.

La salida que Cavallo propone a esta bancarrota es la privatización de los bancos, las empresas provinciales de energía y aguas corrientes y las Cajas de jubilación. Pero para esto es necesario que se estaticen las deudas impagables de los bancos, lo que acentuaría enormemente la hipoteca del Estado. Pero incluso esta vía está cuestionada, pues, según el propio presidente del PJ rionegrino, “la privatización de la Erse (la empresa provincial de energía) y del Banco de la Provincia van a servir para ponerse al día con los salarios, pero la situación de déficit estructural va a continuar, porque los aportes del fondo fiduciario no van a alcanzar para liberar los fondos de la coparticipación, que se encuentra afectada en más del 50% por las financieras de la capital” (Río Negro, 6/6). Todo esto explica por qué, allí donde la “solución” cavallana se aplicó a fondo (La Rioja, Corrientes, Entre Ríos, San Juan), los Estados provinciales tampoco pueden pagar los salarios en fecha y preparan despidos masivos.

Pero Cavallo no sólo se ha “esfumado” los 5.800 millones que ha sustraído de la coparticipación federal, sino que ahora, ante la caída de la recaudación fiscal, reclama a las provincias un “esfuerzo” mayor. Es así que ha excluido de la coparticipación el reciente aumento del IVA, ha prohibido nuevos adelantos a las provincias, impone el cobro compulsivo de los adelantos otorgados antes de las elecciones y exige despidos masivos de empleados públicos.

Es necesario poner fin al pago de la deuda externa y cobrar compulsivamente a los capitalistas locales los créditos otorgados por los bancos de provincia.

Apertura de los libros.

Comisiones obreras de control sobre los bancos y fondos públicos.