Pocos días atrás, organismos y medios de comunicación alineados con el oficialismo lanzaron una campaña que asegura que el Comité sobre las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas había destacado "positivamente la nueva ley (26.548) del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)".

En un comunicado ampliamente difundido por los medios oficialistas, Abuelas de Plaza de Mayo asegura que el supuesto pronunciamiento "confirma que la nueva ley del BNDG implica un claro avance en materia de protección contra la desaparición forzada". Esto fue desmentido por los organismos y familiares de desaparecidos independientes, que se vienen movilizando contra el desguace del BNDG y contra la restricción de su actividad a los casos anteriores al 10 de diciembre de 1983.

Contra lo que dicen los amigos del gobierno, el Comité de la ONU instó al Estado justamente a eliminar esa limitación temporal. La ley 26.548 constituye, a todas luces, un atropello.

Fue impulsada por el kirchnerismo para iniciar un proceso de usurpación del Banco de Datos Genéticos -un organismo autónomo, creado en 1987, que todavía funciona en Hospital Durand y es financiado por Nación y Ciudad, que se dedica a la restitución de identidad de casos ocurridos bajo la dictadura y, hasta 2009, también en democracia. La manipulación informativa encubre un negociado.

El kirchnerismo pretende traspasarlo a la órbita del Ministerio de Ciencia para utilizarlo como plataforma de lanzamiento de un "Instituto de Genómica Humana" en sociedad con laboratorios privados.

Esto, que había sido anunciado con bombos y platillos, es sigilosamente disimulado ahora, que comenzaron a correr las denuncias. El traslado del BNDG se encuentra suspendido, por el momento, por una orden judicial promovida por un grupo de familiares con el patrocinio de Apel.

Entre ellos, se encuentran "Chicha" Mariani y Elsa Pavón, fundadoras de Abuelas, Mirta Baravalle, de Madres, y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD).