En los últimos días, en la Legislatura Bonaerense avanzó un proyecto del gobierno de Kicillof respecto de las jubilaciones de los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de un proyecto que establece un nuevo régimen jubilatorio y plantea la derogación de la Ley 15.008 votada bajo el gobierno de Vidal, que significó un ataque brutal contra los trabajadores.

Como lo han señalado distintos funcionarios del gobierno provincial, la urgencia por aprobar este proyecto está dada porque la reforma de Vidal generó un “problema jurídico”, con una catarata de juicios (más de 1.500 individuales) favorables a los trabajadores perjudicados. Detrás de las declaraciones demagógicas acerca de una “restitución” del régimen jubilatorio, el principal interés del ejecutivo pasa por acomodar el texto de la Ley para evitar un desfalco generalizado producto de estos juicios.

Una reforma “sustentable”

En 2017, el gobierno de Vidal arrasó con la Caja jubilatoria de los trabajadores del Banco Provincia. El peronismo, en ese entonces en la oposición, anticipó su rechazo y se retiró de la sesión, con la excepción de tres diputados del PJ que garantizaron el quórum para la aprobación de la Ley. Uno de ellos fue el actual presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, un hombre de Insaurralde.

La reforma de Vidal planteó una reducción notable del cálculo de las jubilaciones (De un 82% sobre el promedio salarial de los últimos 60 meses, pasó al 70% sobre el promedio de los últimos 120 meses), y un aumento de la edad jubilatoria, que fue llevada de 60 a 65 años.

La negativa de los trabajadores en 2017 se hizo sentir, con paros y movilizaciones masivas. Una de ellas, el día del tratamiento de la Ley, sufrió una brutal represión policial.

Fue por ese motivo que el gobierno de Kicillof hizo demagogia en reiteradas oportunidades acerca de una “restitución” de la caja jubilatoria. Sin embargo, como anticipamos en Prensa Obrera hace un tiempo, el Proyecto de Kicillof no es la derogación de la ley de Vidal, sino una variante retocada que plantee rediscutir algunos beneficios jubilatorios sin comprometer la “sustentabilidad” de la Ley.

Por ello, el proyecto que se encuentra avanzando en la Cámara de Diputados no plantea retrotraer a la situación anterior. Tomando en cuenta las últimas modificaciones realizadas por la Comisión de Previsión y Seguridad Social, en caso de aprobarse el proyecto del ejecutivo las jubilaciones pasarían a calcularse sobre el 70% del salario de un trabajador activo en el cargo de mayor jerarquía que haya desempeñado el jubilado durante cinco años. En el caso de trabajadores que hayan acreditado la totalidad de los servicios en tareas de afiliación a la Caja, la jubilación será de un 75%.

La modificación de este cálculo, en principio, plantearía una mejora en las jubilaciones, toda vez que el 70% sobre el salario activo es mayor al 70% del promedio de los últimos 120 meses. De todas formas, no deja de ser distante del histórico reclamo del 82% móvil sobre el salario en actividad.

Un punto grueso del proyecto son las modificaciones en las contribuciones a la Caja jubilatoria. Se plantea que los trabajadores activos pasen a aportar un 16% de su salario (hasta ahora es el 14%), y que los jubilados, que también aportan, pasen de un 10% al 12%. A todo esto se suman las múltiples contribuciones adicionales que los trabajadores realizaban en el marco de este régimen especial (primer salario, aporte especial en cada aumento salarial, etc.) También aumenta la carga del aporte patronal del Banco, de un 16% al 21%.

Por otra parte, el proyecto del Frente de Todos ratifica el aumento de la edad mínima jubilatoria para los hombres en 65 años, mientras que fija en 60 años la edad mínima para mujeres. A esto hay que agregar que, en su artículo 27, el nuevo proyecto plantea la posibilidad de extender el período laboral hasta los 70 años “a opción del afiliado y con conformidad del banco”. Como bien sabemos, si las jubilaciones no alcanzan, la posibilidad de una “libre elección” está coartada y estamos, de hecho, frente a un aumento de la edad jubilatoria.

Crisis y cruces en el tratamiento

Este proyecto ha motivado, desde hace un tiempo, cruces y crisis varias. El ejecutivo provincial negoció su tratamiento durante varios meses con la oposición de Juntos. Pero, cuando todo parecía encaminado, el tándem Macri-Vidal intercedieron para que su bancada se opusiera a “cualquier derogación o modificación de la Ley de Vidal”.

En torno a este debate, Grindetti pegó el portazo de la mesa provincial de Juntos y en la propia comisión de Previsión y Seguridad la coalición votó dividida, con la abstención de la UCR y el voto en contra del PRO. El dictamen de minoría del PRO vuelve sobre un ataque en regla a los trabajadores, a los que califica como “jubilados de primera”. Este sector impulsa, en realidad, que los jubilados sean todos “de segunda”, en la perspectiva de la reforma jubilatoria del macrismo en 2017.

Por la derogación de la Ley 15.008 y la restitución de todos los derechos a los jubilados del BAPRO

Por el momento, los grandes ausentes en esta discusión son los propios trabajadores y jubilados del Banco Provincia. La burocracia sindical de La Bancaria, con Palazzo a la cabeza, ha definido integrarse a fondo al gobierno de Kicillof, dándole su aval y vía libre para la negociación de este proyecto en tratamiento. A la burocracia no le importa, en este punto, que el reclamo de la derogación de la Ley de Vidal se vea recortado por una modificatoria ciertamente limitada.

Es necesario, entonces, impulsar la deliberación y organización de los trabajadores del Banco y sus jubilados para actuar en este proceso y luchar por la recuperación de sus derechos. En ese sentido van, finalmente, las acciones individuales y colectivas en la justicia que se expresaron desde 2017 hasta ahora.

En ese sentido, la banca del Partido Obrero – Frente de Izquierda Unidad planteará la derogación de la Ley de Vidal y la recuperación integral de todos los derechos previsionales, comprometiendo el acompañamiento de la banca a toda resolución que pueda implicar un avance en los derechos de los trabajadores.

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