Apenas clausuradas las urnas del 10 de abril, tomaba estado público una estafa celosamente ocultada antes de las elecciones: el Banco Provincia había sido estafado en 1.300.000 dólares por una empresa fantasma, que para preparar su estafa regaló un patrullero y una ambulancia en la localidad de Los Antiguos, donde se iban a radicar sus “microemprendimientos”. Tomada en varias etapas la cifra de dinero mencionada, el apoderado de la “empresa” desapareció.

La documentación presentada como garantía se ha ido conociendo que no tiene más valor que el de una declaración jurada y el patrimonio total que pudiera embargarse no supera los 200.000 dólares, además de que han surgido reclamos de los trabajadores “colgados” en sus salarios y hasta de las agencias de autos donde se compró el patrullero, etc.

En un primer momento, el gobierno trató de circunscribir el hecho a una situación judicial y policial y cargó las tintas sobre el gerente de la delegación Los Antiguos del Banco. Pero todos los argumentos se han vuelto contra el gobierno: La titular de la empresa fantasma ha denunciado penalmente al apoderado y aclara en su denuncia que gran parte de las entregas de dinero se hicieron en la Casa Central de Río Gallegos, y contaron con la aprobación de la plana mayor del Banco. Luego se conoció que el Intendente de Los Antiguos utilizó un cheque de Barragán (el fugado) para comprar un automóvil, sin que se le haya iniciado juicio político ni destituido del cargo. Si faltara algo, también se conoció que los síndicos del Banco cobran sus salarios sin ir a trabajar y, obviamente, no controlan nada.

En una provincia donde el gobernador inaugura obras de 4.000 pesos de costo. Donde no se mueve un peso sin consultar al gobernador, la existencia de un tráfico de influencias y de una complicidad en la estafa por parte de importantes autoridades es la hipótesis de mínima.

El gobernador ha prohibido a sus propios funcionarios que salgan en los medios de difusión a contestar las acusaciones, reflejando la gravedad de la crisis en que se encuentra.

El FUT ha denunciado además el trato preferencial que han tenido distintos sindicatos y mutuales manejadas por la burocracia sindical adicta, a quienes se les han “blanqueado” deudas por cifras que suman varios millones de dólares.

Hemos planteado que el secreto bancario (violando incluso la actual Constitución) y la discrecionalidad del manejo de fondos por la Intervención del Banco (violando la carta orgánica), que es parte del secreto absoluto con que se manejan los cuantiosos fondos públicos en Santa Cruz, están en la base de esta estafa.

El FUT ha exigido la inmediata destitución del Interventor, y que el gobierno y los funcionarios responsables repongan de su bolsillo el dinero robado. Esto en el marco de un reclamo de fondo de apertura de las finanzas públicas del Banco y de la provincia y control por una comisión de trabajadores y técnicos sobre las mismas.

El radicalismo se ha limitado a proponer el funcionamiento de la Comisión Investigadora parlamentaria, que recién se constituirá con suerte a mediados de mayo. Dirigentes de ese partido sabían de la estafa antes de las elecciones y, como siempre, se callaron la boca.

Al finalizar la semana se han conocido nuevas denuncias de préstamos por cifras de un millón y pico de dólares a personas insolventes, que han venido a confirmar todas las sospechas anteriores.