04/05/2020

Bariloche: ataque a la comunidad Buenuleo deja en evidencia los vínculos entre terratenientes y el Estado

El pasado 29 de abril, la comunidad mapuche Buenuleo fue atacada por una patota comandada por el terrateniente Emilio Friedrich. Dicha comunidad se encuentra desde el 10 de septiembre de 2019 en un proceso pacífico de recuperación de su territorio, ubicado en la ladera sur del cerro Ventana, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi (Bariloche). La zona se conoce como Pampa de Huenuleo en alusión a la familia que históricamente habitó el lugar.


Durante los años que este territorio no estuvo en posesión de la comunidad, es decir, desde el 24 de agosto del 2014 cuando falleció Antonio Buenuleo, antiguo longko de la comunidad, y la recuperación del territorio, se ha llevado adelante un desmonte ilegal de casi una hectárea de bosques nativos.


Al inicio de la recuperación, Friedrich y su patota se apersonaron en el lugar y amenazaron a miembros de la comunidad con armas blancas. Frente a la denuncia del hecho violento, la Justicia resolvió apostar una guardia policial y dejar que la comunidad permanezca en el lugar hasta que se resuelva judicialmente el conflicto, bajo el compromiso de no llevar adelante ninguna construcción. No obstante, en simultáneo iniciaron una causa por usurpación contra los miembros de Buenuleo, girada luego al ámbito de la Justicia Federal.


El nuevo episodio de violencia fue relatado por Deolinda Buenuleo, quien destaca que “Emilio Friedrich y Víctor Sánchez, acompañados de su abogada Laura Zannoni, junto al empleado Alejandro Vera, comandaban un grupo de personas que persiguió, golpeó a mujeres, niños, jóvenes y adultos, lastimando con cuchillos e hiriendo a Ramiro Buenuleo”. Durante el hecho, la posta policial que debe custodiar el lugar de manera permanente se había retirado, evidenciando que el accionar de la patota ocurrió en una zona liberada.


Luego de conocerse la noticia intervino nuevamente la Justicia procesando a Víctor Sánchez, Antonio Puñalef, Raúl y Víctor Vera por lesiones, violación de domicilio, robo y daños, entre otros. Además, se dispuso nuevamente que una guardia policial debía permanecer en el lugar. Sin embargo, a los pocos días los procesados fueron liberados con la prohibición de acercarse a menos de 1 kilómetro del territorio. Al momento de publicación de esta nota la comunidad Buenuleo denunció que la custodia apostada a la entrada de la recuperación se había retirado.


Los vínculos de la patota con el poder político


Laura Zannoni es hija de Eduardo Zannoni, quien fuera Conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 1994 y 2002, ligado a Duhalde y exabogado de Menem. A fines del 2005 su nombre cobró relevancia en los medios cuando fue detenida en la zona oeste del Gran Buenos Aires, e imputada por su presunta participación en una banda. Al momento de su detención se encontraba en pleno raid de asaltos a mano armada, a bordo de un automóvil robado. Luego de ese episodio se radicó en Bariloche, y fue designada por el actual intendente Genusso al frente del Instituto de Tierras Municipal entre 2016 y enero de 2019.


Según un informe de la Universidad Nacional de Río Negro, en el expediente elaborado por la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito de la Provincia de Río Negro consta que Emilio Friedrich tiene un total de 1.257 hectáreas en el Departamento de Bariloche (Ley Nº 4744/14). Laura Zannoni declaró que su defendido compró ese lote hace casi diez años al empresario inmobiliario Claudio Thieck, quien en 2005 estuvo imputado por el robo de la sucursal El Maitén del Banco del Chubut y fue implicado en 2010 en varias denuncias contra funcionarios rionegrinos y neuquinos por cederles la posesión de tierras estatales. Para completar el entramado de vínculos políticos y corrupción, en 2019 Claudio Thieck fue candidato a legislador por representación poblacional por el FPV-PJ.


El Estado “presente” para garantizar los intereses de terratenientes


El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), encargado de llevar adelante la política estatal referida a pueblos originarios, es actualmente conducido por Magdalena Odarda, exsenadora nacional de Río Negro por la Alianza Frente Progresista (Coalición Cívica ARI), y excandidata a vicegobernadora en fórmula con Martín Soria por el FPV-PJ en 2019. Los evidentes vínculos entre los partidos del régimen y los terratenientes –como se evidencia en la usurpación pertrechada a la comunidad Buenuleo- colocan un fuerte cuestionamiento sobre la imparcialidad del INAI en materia de políticas públicas y derechos de los pueblos originarios.


Asimismo, el INAI lleva delante desde hace varios años el Programa Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, conforme a la ley nacional 26.160 del 2006. La misma fue prorrogada en tres oportunidades, la última vez en 2017, extendiendo su vigencia hasta noviembre de 2021. Este relevamiento territorial, de concretarse alguna vez, no resolvería el conflicto entre los pueblos originarios y el Estado argentino. En primer lugar, porque solo releva las recuperaciones territoriales concretadas hasta la promulgación de la ley cuando en realidad, por el carácter dinámico que tienen los procesos de identidades colectivas y recuperaciones de territorio, el surgimiento de nuevas comunidades y nuevos espacios en disputa en todo el país es continuo. En segundo lugar, porque no reconoce el derecho al acceso a la tierra de aquellas comunidades que estén en disputa con privados. La ley se limita a suspender los desalojos, mientras dure el plazo de la emergencia por esta declarada, pero no propone una solución de fondo al problema. Los pormenores de esta ley no hacen más que evidenciar el accionar del Estado argentino como garante de los derechos de la burguesía.


A raíz de las agresiones sufridas por la comunidad Buenuleo, el INAI se limitó a condenar las agresiones, confirmar que la comunidad había sido censada en marzo de 2020 en el marco de la ley 26.160, y a convocar a una mesa interministerial para tratar el conflicto. La misma sería integrada por los ministerios de Seguridad, Justicia y Ambiente de la Nación, junto al Ministerio de Seguridad de Río Negro y la Coordinadora del Parlamento Mapuche.


Exigimos el fin de toda usurpación del territorio


La usurpación que sufrió la comunidad Buenuleo se halla enmarcada en un proceso de arrastre de hace varias décadas en nuestro país: una alianza entre privados y el Estado para adquirir de forma progresiva y constante las tierras de los pueblos originarios, ya sea para la explotación o para la especulación capitalista. Este mecanismo se lleva a cabo a partir de redes personales, ventas de información, boletos de compra-venta firmados de forma espuria y procesos de usucapión de particulares que adquieren los derechos de esos territorios mediante estafas. El conflicto que atraviesa a la comunidad Buenuleo grafica de forma clara el entramado político que garantiza los beneficios capitalistas a costa de la vida de los pobladores originarios de las tierras.


Repudiamos los hechos violentos ejercidos por el terrateniente Emilio Friedrich y su patota contra la Comunidad Buenuleo. Exigimos el fin de toda usurpación por parte de empresarios inmobiliarios y terratenientes, en plena complicidad con el Estado, del territorio ancestral de los pueblos originarios, quienes tienen pleno derecho de permanencia.



 

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