En la noche del miércoles 4 de octubre, la empresa de transporte Mi Bus, anunció sorpresivamente que a partir del día siguiente se modificarían las frecuencias de colectivos, aplicando el cronograma de los días sábados, de lunes a sábados.

 

Según la empresa, la medida obedece a la falta de subsidios de combustible recibidos para la totalidad de recorridos y frecuencias que debe cumplir. A este recorte se suman también los aumentos tarifarios, por parte de una empresa que ni bien ingresó y puso los colectivos en las calles de Bariloche, comenzó a reclamar ante un “escaso margen de rentabilidad”. A lo que el gobierno municipal de Juntos Somos Río Negro, al igual que ha hecho el gobierno anterior del FpV con otras concesionarias del transporte, respondió como garante de la rentabilidad empresarial. En este caso, con un tarifazo en regla cada 6 meses, llevando el boleto mínimo de $12,80 en julio a $16,44 en octubre, convirtiéndose así en el más caro del país, sobrepasando incluso a Río Gallegos y Neuquén, que encabezaban el podio.

 

Mientras tanto, el gobierno nacional y sus representantes a nivel local, sostienen que los aumentos tienen el objetivo de bajar los subsidios a las empresas de transporte y reducir así el déficit fiscal. Pero entre tanto, no se contempla el incremento de los salarios y jubilaciones necesarios para poder afrontarlos, trasladando así el pago de los subsidios de las arcas del Estado al bolsillo de los trabajadores.

 

Vale aclarar, sin embargo, que el congelamiento tarifario vía subsidios que algunos parecen extrañar de años atrás, tampoco es solución alguna. Hablamos de un congelamiento que encubrió, bajo el latiguillo de “defender el bolsillo de los que menos tienen”, un enorme subsidio al capital, ahorrándoles el pago de salarios más elevados al conjunto de la clase capitalista. Esto debido a que el transporte como tal, constituye un componente clave del salario del trabajador.

 

Sobre los subsidios, las empresas de la cual no rindieron cuenta alguna, ni mucho menos invirtieron en mejorar las condiciones en las que se viaja, ni en la que deben trabajar los choferes.

 

Ya sea con subsidios o con un “sinceramiento tarifario”, se busca mantener un sistema de transporte absolutamente ineficiente con el único fin de garantizar los beneficios de los empresarios del sector. Caso contrario, cómo se explica que en la ciudad con el boleto más caro del país, más de la mitad de las unidades se encuentren en mal estado, sin calefacción; no cuenten con cadenas para transitar en invierno, ni colectivos accesibles, que un fallo judicial los obliga a incorporar; y no se aplique el boleto de trasbordo, previsto en el contrato.

 

Como si fuera poco, no conformes con todo esto, Mi Bus ahora salió a prohibir y atacar la solidaridad de los pasajeros que ante la falta de puestos de carga de la tarjeta Sube suelen prestar la suya a otros usuarios para que puedan viajar y salir del paso. Dice que esto no les permite ejercer el control riguroso por parte de inspectores que son enviados a toda hora, para controlar el cobro, pero ni por asomo las condiciones en las que se viaja.

 

Todo lo cual no sería posible sino contarán con la complicidad de un municipio que mira para otro lado y un gremio, como la UTA, que no mueve ni un dedo dejando pasar el ajuste, los recortes en frecuencias y cada uno de los aumentos sin chistar.

 

Queda claro entonces en base a qué intereses se organiza el transporte que debemos padecer a diario.

 

Desde el Partido Obrero, rechazamos firmemente este nuevo ataque sobre los trabajadores. Exigimos la apertura de los libros contables para conocer los costos reales del servicio, sus ganancias y sus pérdidas, si es que las tienen, y las formas en las que se han invertido esos subsidios millonarios. Planteamos que los usuarios y trabajadores del transporte tengan participación en el debate tanto de las tarifas, como las frecuencias y recorridos del transporte urbano.