22/05/2020

Bariloche: rechacemos la prórroga de la privatización del Cerro Catedral

El Cerro Catedral de Bariloche, uno de los mayores puntos turísticos, está privatizado. Ahora, la empresa Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA) quedó a un paso de obtener una prórroga de la concesión del cerro hasta 2056, gracias a la política del intendente Gustavo Gennuso (Juntos Somos Bariloche, del oficialismo provincial), al aval de Cambiemos y la complicidad el Frente de Todos, que allanó el camino para el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche que da luz verde para avanzar en esa dirección.


Gennuso firmó, en 2017, una resolución (6961-I-17) para prorrogar la concesión sin licitación previa y con mayores beneficios para Capsa, que luego fue avalada por el Concejo Deliberante mediante la ordenanza 2929-CM-18, con los votos del oficialismo y Cambiemos.


La comunidad barilochense resistió esta entrega, forzando en su momento a que se convoque una audiencia pública, mientras que la organización “Vecinos autoconvocados por un cerro para todo Bariloche" reunió más de 6.000 firmas para reclamar la realización de un plebiscito sobre el tema (como fija la Carta Orgánica de Bariloche).               



Los intereses capitalistas


El socio mayoritario de Capsa es la familia Trappa, propietaria de un verdadero emporio turístico regional (controla el portal de noticias ANB, las empresas de transporte Don Otto y Vía Bariloche, y varios centros de esquí, como el centro La Hoya en Esquel). Su proyecto original para la concesión del Catedral incluye un desarrollo inmobiliario millonario en 70 hectáreas ubicadas en la base del cerro, sobre el cual ni la empresa ni el municipio han realizado estudios de impacto ambiental.


En ese proyecto también está interesado el amigo de Macri, Nicolás Caputto, dueño del contiguo Cerro San Martín, a quien esto le garantizaría la llegada de agua, luz y gas necesarios para explotarlo. Lo que no aclara la ordenanza municipal es quién se hará cargo de las obras de infraestructura necesarias.


La oposición del PJ a esta concesión fue completamente oportunista. En un primer momento, cuando sus concejales presentaron medidas cautelares contra la resolución de la intendencia y la ordenanza del Concejo, no cuestionaron la privatización del cerro sino que se limitaron a criticar la ausencia de licitación y a reivindicar la igualdad de condiciones entre los privados que se postulan para explotar este valioso recurso natural que es patrimonio de los barilochenses.


Pero ya en diciembre pasado, en nombre de que hay un "nuevo clima político a nivel nacional” y de que Alberto Fernández vería la concesión con buenos ojos, el concejal Alejandro Ramos Mejía (Frente de Todos) desistió de su demanda contra la ordenanza que prorroga la concesión, y firmó un acta acuerdo con el gobierno municipal y la empresa. Así, dio el paso clave para el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche que ratifica la ordenanza (separa esa causa de las cautelares contra la resolución) y deja la vía libre para sellar la entrega del cerro por otros 30 años sin licitación. Solo quedan dos instancias de apelación.


Un verdadero planteo de salida


Desde 2018 el Partido Obrero de Bariloche denuncia la entrega del Cerro Catedral a Capsa y los negociados que se habilitarían para los amigos del poder. Dimos el debate con los vecinos autoconvocados planteando la necesidad de reclamar la estatización del cerro bajo control de los trabajadores, como la única alternativa real de beneficio para el conjunto de la comunidad.


El Cerro Catedral mueve sumas millonarias año a año. Mientras tanto, en Bariloche hay una desigualdad social enorme, ya que la mayoría de la población vive en barriadas precarias sin servicios básicos como agua potable y gas, en una ciudad cordillerana con temperaturas bajo cero la mayor parte del año. Esto genera incendios en los hogares que se calefaccionan a leña, con la consecuente muerte de familias trabajadoras. Los ingresos que se generan por el centro de esquí del Catedral bien podrían financiar un plan de viviendas. A su vez, la estatización permitiría poner fin a la enorme precarización laboral de trabajadores temporarios del sector.


El Cerro Catedral es un bien inalienable, y disfrutarlo es un derecho de todos los habitantes de Bariloche. Proponemos que se rescinda la concesión y que se forme una comisión electa por los propios trabajadores del cerro, con mandato revocable, para que se ocupe del seguimiento y control de la actividad, presentando informes y balances públicos. ¡Basta de negociados a costa de nuestros recursos!



 

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