El gobierno de Alberto Fernández decretó el establecimiento de un “precio sostén” de 45 dólares para el barril de petróleo local, lo cual se encuentra al día de hoy unos 10 dólares por encima de lo que cotiza el barril Brent de referencia internacional. Esto solo dejaría de regir si esa cotización internacional supera los 45 dólares durante 10 días consecutivos. A su vez, el decreto prohíbe la importación de crudo, garantiza exenciones impositivas a las petroleras y reduce las retenciones que pagan por exportación.

La demora en la aplicación de este nuevo “barril criollo” es consecuencia de los choques de intereses que se generaron entre los distintos actores capitalistas que operan dentro de la rama petrolera. Por un lado, las provincias petroleras y las empresas productoras pujaban por este “precio sostén” alto, las primeras para incrementar los ingresos por regalías y las segundas para hacerse de una ganancia extraordinaria. Por el otro, las refinerías y las empresas integradas (productoras y refinadoras) pujaban por un precio más bajo, para comprar el crudo barato y vender el combustible caro, al precio congelado desde diciembre -cuando la cotización internacional era del doble que ahora-, gracias a lo cual hicieron ganancias extraordinarias antes de la pandemia.

Las productoras no integradas (como Chevron y Vista Oil&Gas) y los gobernadores lograron imponerse. Para compensar a las refinerías, el decreto del gobierno nacional les congela la actualización de los impuestos a los combustibles hasta fines de octubre y lleva a cero las retenciones a la exportación de nafta y gasoil mientras el Brent no supere los 45 dólares. De esta manera, embolsarán de lleno las ganancias por el virtual “precio sostén” de los combustibles, que mantienen su valor en surtidor a pesar del desplome de los precios internacionales del petróleo y del derrumbe de la demanda interna por la cuarentena.

Aunque el decreto establece que las empresas productoras deberán “mantener los contratos vigentes con las empresas de servicios regionales” y “mantener la planta de trabajadores y trabajadoras” que tenían al 31 de diciembre, relativiza luego estas disposiciones amparándose en la “contracción de la demanda local e internacional, tanto del petróleo crudo como de sus derivados”. En palabras del propio secretario general del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra, “el decreto dice que hay que contemplar la pandemia”. Si ello fuera poco, la resolución oficial también impulsa “modalidades laborales que mejoren la eficiencia, la tecnología y la productividad”, dando una vuelta de tuerca a la flexibilización laboral de los obreros petroleros.  

El objetivo del gobierno es evitar una desinversión generalizada de parte de las empresas, cuando ha quedado en evidencia el colapso de todo el esquema de explotación hidrocarburífera. Sin embargo, este “barril criollo” simplemente prolonga la agonía sobre la base de desfinanciar al fisco, mantener caros los precios de los combustibles que pagan los consumidores y acentuar la flexibilización laboral.

Por eso, estos subsidios no ofrecen ninguna salida a la crisis del sector. La caída de la demanda no puede revertirse mediante decretos o disposiciones legislativas. De hecho, YPF anunció -el mismo día en que se emitió el decreto- que durante todo el 2020 dejará de comprar a las otras operadoras los 50.000 barriles que obtenía para procesar en sus refinerías, por los bajos niveles de consumo. Es decir, la “desinversión” ya está en marcha, y con ella numerosas empresas serán empujadas a la quiebra. Todo, mientras sostienen las ganancias de los grandes pulpos.

La única salida es la nacionalización integral de la industria petrolera bajo el control de sus propios trabajadores.