El Congreso de la Nación sancionó la prórroga por 10 años de la prohibición de desalojos contra los habitantes de los “barrios populares” reconocidos por el Estado en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). La medida garantiza un principio fundamental en medio de un crecimiento de las villas miseria en el país y con el incumplimiento del gobierno de todos los compromisos de urbanización.

Se trata de la prórroga del único artículo operativo de la ley de Régimen de Regularización Dominal para la Integración Socio Urbana (Ley 27.453), que dispone la suspensión de “las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el Renabap”: un instrumento utilizado por miles de familias para impedir el avance de las topadoras por orden de las distintas jurisdicciones del Estado, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo.

El resto de la ley se dedica a consagrar y proclamar derechos y compromisos que el Estado no ejecuta, que van desde la registración dominal y la entrega de escrituras a los habitantes de los barrios inscriptos, hasta la urbanización y mejora de la calidad de vida de los mismos.

No solo esto: los “barrios populares” no disminuyen sino que en el tratamiento y modificación de la ley se adicionaron 1.200 barrios nuevos, superando los 5.000 barrios registrados.

Falsas promesas

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se había comprometido a la urbanización de 400 “barrios populares” por año, para que en el curso de unos 10 años se regularizara el conjunto de los 4.000 barrios inscriptos en aquel entonces en el Renabap.

Incluso se llegó a incorporar un artículo en la ley de “Aporte Solidario” para designar un 15% de la recaudación del mismo al cumplimiento de la urbanización de barrios, como medio para justificar la sanción del acotado proyecto oficialista, y el 9% de lo recaudado por el Impuesto País.

Pero la realidad fue muy distinta. El gobierno no cumplió con lo comprometido. En 2021 solo urbanizaron 23 barrios (5,7% de lo comprometido) y en 2022 llegaron a 74 (18%).

La cuenta de barrios reconocidos también implica una subestimación de la realidad, debido a que muchos procesos de recuperación de tierras son desalojados de inmediato por las fuerzas represivas del Estado, como ocurrió en Guernica, o más recientemente en el Barrio La Resistencia (Merlo) y en el barrio 1 de Noviembre, en Ciudad Evita (La Matanza).

Una salida a la crisis habitacional

En su intervención en la Cámara de Diputados, al tratarse la modificación, la diputada nacional Romina Del Plá denunció a todos los referentes de los bloques políticos patronales, a quienes los une la política represiva y de desalojos contra las familias obreras, en un país con una crisis habitacional de más de 4 millones de viviendas.

Del Plá denunció que se construye poco porque el presupuesto se encuentra subordinado al ajuste del FMI y se privilegia el pago a los acreedores privados por sobre las necesidades populares, complicando aún más una situación habitacional dramática que empuja al crecimiento de los barrios populares.

El planteo del Partido Obrero y el FIT-U  implica un censo de terrenos ociosos para hacer un plan verdadero de viviendas y de loteos. Lo que requiere una reorganización económica y social de fondo, para poner los recursos del país al servicio de las necesidades populares.