Cuatrocientos cincuen­ta pesos, el salario mínimo que pretende imponer Kirchner, equivale a la mitad del ingre­so de pobreza.

Constituye una violación de la remanida Constitución Na­cional, que establece que el salario mínimo debe ser “vi­tal” y “móvil”.

El que plantea Kirchner no es “vital” porque no alcanza para vivir.

No cubre ni la tercera par­te de la canasta familiar, que es de 1.500 pesos.

Tampoco es “móvil”, porque 10 devuelve el poder adquisiti­vo devorado por las dos hiperinflaciones de Alfonsín y Menem, respectivamente, y por la devaluación de Duhalde.

Que las patronales pueden pagar el mínimo que reclama el movimiento piquetero, de 800 pesos, lo prueban los 130.000 millones de dólares que tienen en el exterior.

Lo prueba el superávit fis­cal de 8.000 millones de dóla­res.

Lo prueba la cancelación de deuda con el FMI, de siete mil millones de dólares, y los pa­gos prometidos hasta fin de año, de otros dos mil millones de dólares.

Las burocracias de la CGT y de la CTA están entregando el principal reclamo de los tra­bajadores.

No quieren chocar con las patronales que saquearon el país.

Muchos de los burócratas son, ellos mismos, patrones.

También están entregando el reclamo de elevar la remu­neración de los ‘planes’ a 300 pesos.

Si no quieren ‘planes’ que exijan un seguro al desocupa­do, como existe en la mayoría de los países capitalistas.

En este caso, debería ser igual al 70% del salario pro­medio del país -que, según acaba de informar Clarín, se encuentra entre los 900 y 1.000 pesos, siempre por de­bajo del costo de la canasta familiar.

La burocracia vuelve a fra­casar en su intento de recobrar protagonismo, porque es inca­paz de defender los intereses obreros más elementales.

Este fracaso acentuará la convicción de los trabajadores de que deben desembarazarse de la burocracia sindical.

Ninguna clase obrera pue­de subsistir sin organizacio­nes que respondan a sus inte­reses.