La crisis y la tragedia por la cocaína adulterada, que dejó como saldo al menos 24 muertos y decenas de internados, está lejos de cerrarse. Según surge de expedientes judiciales y llamadas auditadas en la Justicia por narcotráfico, hay efectivos de la Bonaerense y de la Federal implicados en el caso. Los trascendidos reafirman entonces que la red narco opera bajo el pleno amparo y la complicidad del poder político, y desmienten que el tema se haya resuelto con la deportación del “Paisa”, que era presentado como el jefe de la banda.

Las novedades en torno al punto refuerzan la presentación realizada el 4 de febrero por el diputado Guillermo Kane, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad, en la Legislatura Bonaerense. Allí se pide a los ministros de Seguridad y de Salud, Sergio Berni y Nicolás Kreplak, que brinden explicaciones sobre los hechos y actuaciones del Estado provincial frente a la crisis.

Al respecto de esto, Kane manifestó: “Las primeras declaraciones de Berni fueron denuncias contra sí mismo. ¿Cómo puede ser que tenga cuantificada la venta de cocaína en más de 200.000 dosis diarias pero no actúe sobre ello? ¿Cómo es posible que tenga que suceder una tragedia para que, en solo horas, se realicen detenciones sobre personas involucradas en una supuesta red narco?”.

Sumado a esto, el propio Berni había dicho a la prensa que “todos los días tenemos alguna detención de policías vinculados al narcotráfico”. Las últimas noticias lo reafirman, y los apuntan como responsables directos en esta verdadera tragedia. La persistencia de estos casos de policías implicados constata una connivencia integra del aparato represivo y del Estado en sí con el delito organizado, lejos de tratarse de “casos aislados” como presenta el ministro. Un entramado que solo puede tener lugar por la plena complicidad también de la Justicia y del poder político del que Berni es parte.

El pedido de informes de Kane, además, exige explicaciones sobre la falta de actuación del Ministerio de Seguridad y de todo el gobierno provincial frente a las 23 denuncias realizadas por vecinos de Puerta 8 en 2021 por venta ilegal de estupefacientes. Otro punto importante del pedido de informes es si existe una investigación respecto de los activos y del lavado de dinero del narcotráfico, que no puede pasar sin la complicidad de las instituciones financieras y del propio Estado.

Por último, una de las preguntas presentadas en el pedido de informes al ministro Kreplak se relaciona a los programas estatales de combate de las adicciones en el ámbito de la salud bonaerense. Además de exigir respuestas, la presentación de Kane denuncia en sus fundamentos que “parte del presupuesto destinado a este fin es desviado a iglesias y a ONG’s, como el ‘programa de atención en ámbito religioso’. El Estado no asume la responsabilidad de tener una política frente a la salud de los adictos, y lo deriva en instituciones reaccionarias”.

El proyecto presentado por la bancada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad tiene como objetivo desnudar frente a la población el entrelazamiento entre el poder político y el narcotráfico. La pelea por terminar con el narco es una lucha a fondo contra un régimen social que mediante la violencia y la explotación promueve el consumo problemático de sustancias, y luego persigue a los consumidores al mismo tiempo que regentea el delito organizado y el comercio de drogas ilegales.

Por desmantelamiento de todas las redes de narcotráfico, la despenalización del consumo de drogas y libertad a los consumidores detenidos, y la derogación de la ley de adicciones 23.737 de la dictadura militar.