El hecho sucedido en la localidad de Quilmes el pasado viernes 17, cuando el jubilado Jorge Adolfo Ríos abatió en la calle a una de las personas –Franco Martín Moreyra- que minutos antes había ingresado a su casa, junto a otros, para robarle y golpearlo, ha reavivado el debate sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y el accionar de las fuerzas policiales y la justicia. Sergio Berni, actual ministro de Seguridad de la provincia, no ha perdido ocasión para desfilar por los medios y realizar sendas declaraciones al respecto, tratando de disimular la responsabilidad de las fuerzas a su cargo en la proliferación del crimen organizado, responsabilizando a los pobres y a la “crisis sanitaria” del crecimiento de la criminalidad y bregando por un mayor reforzamiento represivo.

La intervención de Berni hay que desentrañarla lentamente ya que no tiene desperdicio alguno. En primer lugar, este no ha dudado en encuadrar el accionar de Ríos dentro del instituto penal de la “legítima defensa”, conducta similar a la asumida por la exministra Patricia Bullrich. El caso no resiste argumento alguno. Para que la legítima defensa tenga lugar debe existir una agresión ilegítima, actual o inminente, no provocada por la víctima y la respuesta debe ser necesaria y proporcional: Ríos se encontraba fuera de peligro cuando decidió ir detrás de Moreyra y terminar con su vida. También, se ha hablado de “exceso” de legítima defensa lo que podría responder al empleo de un arma de fuego para repeler el ataque con un destornillador, pero que no justifica las circunstancias en las que se produjo el hecho.

El uso de un arma es un tema delicado, que requiere de mucha profesionalidad. La diferencia entre Patricia Bullrich y yo es que soy de los que pregonan el desarme de la sociedad civil.

— Sergio Berni (@SergioBerniArg) July 21, 2020

El matiz sutilmente diferente entre la posición de Bullrich y Berni es que este último cuestiona el uso civil de las armas de fuego por “falta de profesionalismo” y se arroga el monopolio del empleo de la violencia a cargo del Estado, principio fundamental del Estado moderno. La defensa de Berni apunta a legitimar el accionar represivo de las fuerzas de seguridad: con una serie de crímenes y agresiones policiales, en la provincia, esta defensa le viene como anillo al dedo. Berni lo dice textual “Si un policia ve un robo, interfiere y después le dicen que hizo abuso de la fuerza, obvio que después se da la vuelta y se va”. Está claro que el ministro quiere un cheque en blanco para la represión.

Ahora estamos viendo que los delitos están creciendo debido a una crisis sanitaria que empuja a una crisis social, y sabemos la relación que hay entre delincuencia con desigualdad social. Para revertir esta situación, se necesitan políticas integrales.

— Sergio Berni (@SergioBerniArg) July 21, 2020

Berni aprovecha el debate para introducir sus políticas represivas y respaldar sus acciones. El vínculo establecido entre la delincuencia y la “desigualdad social” es solo al propósito de justificar el despliegue de fuerzas en los barrios pobres y carenciados. Allí la represión no se utiliza como medio para combatir la delincuencia sino para ejercer un control social de la población. “Creo que ya en septiembre vamos a empezar a ver los coletazos fuertes que dejó esta crisis sanitaria […] la pandemia ha multiplicado los delitos en todas partes del mundo”, lo que alerta el ministro es que el crecimiento de la carestía puede dar lugar a levantamientos de todo tipo, para lo que necesita una fuerza “profesional” con amplias potestades para actuar: es el discurso del “empoderamiento” policial al palo.

El ataque de Berni a lo actuado por la justicia, que imputó a Ríos por homicidio agravado, es un vano intento por ocultar la responsabilidad de las propias fuerzas de seguridad. Es sabido que la policía actúa en connivencia con el crimen organizado, permitiendo las zonas liberadas y habilitando el circuito ilegal por donde circulan los bienes robados. Incluso para el caso se trataba de un grupo de delincuentes pertenecientes a la barra brava de Quilmes, con un extenso prontuario: otro sector de estrechos vínculos con el poder político y el aparato represivo.

Berni apunta a la justicia para que no se mire a la policía, de la que nadie se fía. La remoción de las autoridades de tres dependencias policiales de Quilmes, tras producirse estos hechos, dan cuenta de que el gobierno provincial y municipal intentan cubrirse las espaldas y no dejar cabos sueltos.

Tras la desaparición de Facundo Castro y el tendal de muertes y crímenes perpetrados por sus fuerzas, Berni se vale de este reciente hecho para traficar un relato sobre la delincuencia y “su combate” que le sirva de pretexto para lo que se viene. El ministro represivo se envalentona. La campaña por el Fuera Berni cobra mayor significado a la luz de estas declaraciones. Su permanencia al frente de la seguridad de los y las bonaerenses es una amenaza contra la vida de la juventud y la población trabajadora y la expresión más cabal de las tendencias reaccionarias contra la clase obrera, en medio de una crisis que raja las paredes.

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