Desesperado por allanar el camino al acuerdo con el Fondo para evitar incumplir los vencimientos de marzo con el propio FMI y el Club de París, tras haber tocado el fondo de la olla de las reservas internacionales del Banco Central, el gobierno va siguiendo los mandatos que bajaron desde Washington: tarifazos en los servicios y ajuste del gasto público, suba de las tasas de interés y aceleración de la devaluación del peso. Cada una de estas medidas revela los problemas que, lejos de disiparse, se agravarán con el programa fondomonetarista.

De movida, las súplicas de Martín Guzmán por un fuerte desembolso inicial (de al menos 7.500 millones de dólares) para revertir el rojo de las reservas, ponen al desnudo ya en el tramo final de la negociación el sistema de extorsión constante que implicarán las revisiones trimestrales del organismo, a las cuales estarán condicionados los giros necesarios para ir pagando los vencimientos y evitar el default. Como evidencia cada medida, Argentina ya está cogobernada por el Fondo Monetario.

A tal punto es así que las proyecciones oficiales revieron a la baja las expectativas de crecimiento de la economía para los próximos años, como señal de que los dólares serán utilizados para saldar los pagos de deuda en lugar de ser invertidos en impulsar una reactivación económica. Especialmente, es un compromiso de que no se incrementarán las importaciones, que en su gran mayoría están ligadas al funcionamiento de la industria. Es una confesión de que Alberto Fernández lisa y llanamente mintió al anunciar el principio de acuerdo con el FMI como una senda de crecimiento.

El hecho es que ni siquiera el superávit comercial récord de 2021, cercano a los 15.000 millones de dólares, evitó que sigan cayendo las reservas. Por eso el FMI exige garantías. Las restricciones a las importaciones afectan muy sensiblemente los niveles de actividad no solo porque se importan bienes de capital como maquinaria, sino porque buena parte de la industria local es una armaduría de componentes traídos del extranjero, como sucede con las automotrices o las tecnológicas (celulares, computadoras). Es por eso que incluso estas ramas que exportan registran una balanza comercial negativa.

El discurso oficial asegura que los nuevos límites para las compras en el exterior no afectan la producción, porque únicamente desarman maniobras especulativas. Ello solo reafirma que la brecha cambiaria, tan perjudicial para los trabajadores por su traslado a los precios, es un gran negocio para los capitalistas, que encuentran la forma de acceder a dólares a precio oficial. Dentro de las formas de fugar capitales al extranjero figuran los autopréstamos de las empresas con sus casas matrices o subsidiarias en el exterior, cuando este año vence deuda externa privada por 5.700 millones de dólares (Ámbito Financiero, 18/2).

Ahora las ventajas especulativas seguirán teniendo curso vía bicicleta financiera, porque las tasas de interés por encima de la inflación (directiva del Fondo) ofrece rendimientos muy superiores al ritmo de la depreciación del peso y por eso promete una gran rentabilidad en dólares. Ya el año pasado los que especularon en este terreno gozaron de una tasa efectiva de Leliq que aventajó por casi 20 puntos a la devaluación, lo que revela que a la par de los padecimientos del pueblo trabajador hay una jugosa ganancia para los bancos. La dolarización de ese beneficio fue financiado por el mismo Banco Central, dilapidando divisas con sus intervenciones en el mercado de bonos para contener al contado con liqui. No sorprende que se hayan derrumbado los créditos comerciales y personales, ya que la banca ha volcado la gran mayoría de sus activos a Leliqs y bonos del Tesoro.

Como frutilla del postre, el FMI habría puesto la lupa sobre el problema de los grandes fondos de inversión extranjeros (fundamentalmente Pimco y Templeton) que quedaron “atrapados” con bonos en pesos desde los tiempos de Macri, lo cual sugiere que el gobierno volvería a hacer una subasta a medida de estos dos gigantes de la especulación financiera para darles un acceso preferencial a dólares -ya les licitó 1.500 millones en 2020 y 2021. Conclusión, después de tanto criticar el carry trade macrista se garantizarían las ganancias en moneda dura para todos los que lucraron con ella y saquearon las divisas del país.

Que el acuerdo en ciernes es un negoción para el capital financiero es más notorio en el caso del propio Fondo. Alberto Fernández y Martín Guzmán agacharon la cabeza ante la negativa del Tesoro de Estados Unidos a dejar de cobrar la sobretasa de interés del 4%, que implican una carga de 1.600 millones de dólares en intereses que habrá que seguir pagando todos los años, ¡hasta 2034!

En la fila para cobrar se anotan después varios más, empezando por el Club de París que tiene pendiente su renegociación con una tasa megausuraria del 9% anual, o los bonistas que demandaron al país por el impago del cupón PBI en los tiempos del kirchnerismo y vienen de obtener un fallo favorable en Nueva York. Nos quieren exprimir como a un limón.

Por eso los bonos soberanos emitidos en el canje de deuda externa de 2020, a pesar de las expectativas de un pronto acuerdo con el FMI, siguen cotizando en niveles que muestran que el mercado descuenta que como máximo en 2025 será necesaria una nueva reestructuración. Si lo mismo se aplica para cuando empiezan los vencimientos de capital con el Fondo tenemos que el monitoreo sobre la política económica argentina se extendería por décadas. Más que decirle “chau al FMI” como discursean algunos dentro del oficialismo, sería darle una presidencia vitalicia.

Semejante saqueo no podría llevarse a cabo de forma armónica. Lo vemos con las quejas de la UIA por las trabas a las importaciones, con los reclamos de la cámara de empresas estadounidenses al embajador yanqui Stanley para que se les flexibilice el cepo cambiario, con los conflictos con las empresas de transporte por el recorte de subsidios, con el alerta de los grupos industriales por el impacto que tendría un nuevo tarifazo energético para los grandes usuarios, con el amparo judicial que presentó la Sociedad Rural para quedar exenta de las retenciones a las exportaciones, los alertas de los capitalistas en general acerca de no aumentar la presión tributaria y sobre todo con la huelga de inversiones generalizada; la burguesía fomenta el acuerdo con el Fondo, pero nadie quiere pagar la factura de su bolsillo. En lugar de cerrarse, se abrirá una nueva etapa de choques.

Toda la orientación de rescate de la deuda externa es entonces un enorme negocio para el capital financiero internacional a costa de la economía del país, que nos condenará a una nueva crisis de deuda. El gobierno que prometía venir a poner en caja a los especuladores en aras de un “capitalismo productivo” terminó como peón del FMI y de la banca.