Algunos comentarios periodísticos señalan que Prat Gay se va justo en el momento en el que se produce un éxito del blanqueo, que se identifica como uno de los principales logros de su gestión. Esta aparente paradoja, sin embargo, tiene su explicación. La recaudación récord del blanqueo, superior a los pronósticos más optimistas del macrismo, pone más al rojo vivo las contradicciones insalvables de la política oficial.

 

Hay una coincidencia entre los analistas de que los fondos blanqueados no van a entrar al país. Una señal es que el bono especial emitido por el gobierno (permite blanquear a costo cero, pero, como contrapartida, obliga a ingresar el dinero en el país e inmovilizarlo durante cuatro años), no logró generar una corriente de adhesión entre los capitalistas. Lo mismo ocurrió con la inversión en fideicomisos inmobiliarios, por medio del cual el gobierno abrigaba la expectativa de reactivar el alicaído mercado de la construcción.

 

Quienes blanquearon optaron por pagar el impuesto en forma directa, pero dejan el dinero en el exterior.

 

El blanqueo coincidió con un cambio de las normativas internacionales que obliga a quienes tengan depósitos y activos en el exterior a justificar el origen de los fondos. La decisión de blanquear estuvo dictada por la necesidad readecuarse a esas nuevas reglas de juego; de ningún modo a las expectativas empresariales sobre el derrotero del país.

 

La prometida -y frustrada- “lluvia” de dólares que se esperaba a partir del arreglo con los buitres, el levantamiento del cepo y la devaluación, tampoco llegará con el blanqueo. Estamos frente a una huelga de inversiones productivas, que tiene un alcance internacional como consecuencia de la bancarrota capitalista, de cuyos efectos no se sustrae la Argentina. Consecuentemente, las divisas que ingresaron al país hasta el momento han ido a engrosar la bicicleta financiera. Pero lo más grave es que, incluso, el ingreso por ese concepto ha comenzado a frenarse. El nuevo escenario creado a partir del triunfo de Trump y el anuncio de la Reserva Federal de un aumento de la tasa de interés norteamericana aceleró la salida de capitales, disimulado apenas por las divisas que han entrado por el blanqueo.

 

Tan sólo en los últimos dos meses se han ido del país 2.000 millones dólares, lo cual ha ido de la mano con una trepada del dólar que superó los 16 pesos. Ni qué hablar que esto ha forzado a poner un freno a la baja de la tasa de interés que el gobierno venía implementando, lo cual, se da de patadas con cualquier perspectiva de reactivación económica.

 

En este escenario, que es un caldo de cultivo para reforzar las presiones devaluatorias, los dólares recaudados por el blanqueo terminarán seguramente financiando la fuga de capitales. En otras palabras, los dólares que entraron, saldrán nuevamente del país.

 

Desequilibrio fiscal y endeudamiento

 

Por otro lado, el impuesto que se recaude está lejos de ser una panacea para resolver el agujero fiscal. Prat Gay acaba de señalar que gracias al blanqueo se lograría cumplir con la meta del déficit fiscal previsto que equivale al 4,8 por ciento del PBI o sea, ni más ni menos que 30.000 millones de dólares.

 

A eso habría que agregar el déficit generado por los intereses de la deuda de los pagarés (Lebac) emitidos por el Banco Central, que crecen como bola de nieve y ya ascienden a más de 10.000 millones de dólares. A todo esto, hay que tener presente que el blanqueo es un ingreso por única vez. Por eso ya se anticipa que, por más “exitoso” que sea el blanqueo, el gobierno no podrá prescindir de más endeudamiento, que por otra parte será más oneroso.

 

Bajo este contexto, el blanqueo -lejos de amortiguar el déficit fiscal- es un factor que lo agrava. Los deudores pasarán a convertirse en acreedores mediante los dólares declarados que volverían al país -y todavía habrá que ver en qué proporción-, pero bajo la forma de préstamos al Estado. Hay que agregar -cuestión de la que se habla poco- que la moratoria implica una licuación de la deuda privada por medio de una generosa condonación de multas y reducción de intereses.