La ciudad de San Carlos de Bolívar, en el centro de la provincia de Buenos Aires, vive una conmoción luego de que este martes más de 500 vecinos y vecinas se movilizaran contra los reiterados cortes de energía eléctrica y siguieran la protesta durante el miércoles con un piquete sobre la Ruta 226.

El municipio de Bolívar cuenta con 38.000 habitantes que sufrieron cortes de luz durante todo el verano, algunos de ellos programados por la Cooperativa Eléctrica local para evitar el colapso en épocas de alto consumo. El fastidio de su población estalló este martes 6 de marzo después de casi 12 horas de interrupción del servicio que provocaron suspensión de clases y de distintas tareas laborales, y pérdidas a los vecinos y los comercios locales.

En horas de la tarde de ese día, más de 500 vecinas y vecinos se movilizaron a las oficinas de la cooperativa con bombos, carteles, cánticos y gritos de “que se vayan”, exigiendo la renuncia de los integrantes de su consejo de administración. Luego de que Jorge Campos, vicepresidente de la cooperativa, firmara su renuncia, esta verdadera pueblada se dirigió a la Municipalidad exigiendo la presencia de los responsables políticos: el intendente Marcos Pisano y el actual senador provincial Eduardo “Bali” Bucca (ambos del Frente de Todos).

Ninguno de los dos se presentó ante la movilización. No tienen ninguna respuesta aceptable ante la magnitud del deterioro del servicio eléctrico. Hace casi 10 años, Bucca, quien en ese entonces era intendente, anunció la construcción de una nueva línea de 132 KV que podría cuadriplicar la capacidad instalada para la ciudad, resolviendo la situación de manera definitiva y posibilitando el emplazamiento de industrias. El problema es que esa obra, eternamente anunciada y asignada a Electroingeniería (empresa involucrada en la causa de corrupción con la obra pública), aun no fue terminada.

El tándem Bucca-Pisano corrió a pedir el auxilio del gobierno provincial, que respondió con la intervención del Organismo de Control de la Energía Eléctrica (OCEBA) para iniciar sumarios a la empresa proveedora y la Cooperativa. Lo curioso es que los funcionarios del gobierno de Kicillof responsabilizaron de la paralización de la obra a la gestión de Juntos por el Cambio, a la cual el Frente de Todos reemplazó hace 3 años. Una impostura total, mientras los y las bolivarenses sufren las consecuencias de los apagones.

Por el lado de los vecinos, la protesta siguió el miércoles cuando realizaron un piquete en la Ruta Nacional 226 a la altura de la subestación de la empresa proveedora, EDEN S.A. (encargada de todo el norte de la provincia). Esta empresa distribuidora pertenece al grupo DESA, de Rogelio Pagano, que controla las cuatro principales empresas distribuidoras de electricidad de la provincia de Buenos Aires (65% del total del mercado provincial) y la empresa que provee electricidad a la provincia de Salta (Edesa). Según informó la Cooperativa, el corte prolongado entre lunes y martes se debió a “la caída de postes que sostienen el cableado de media tensión [33KV] y mediante los cual la empresa Eden transporta la energía” (Diario La Mañana, 7/3). Este accidente no sorprende en absoluto debido a que la desinversión es la norma de todas las empresas del sistema: desde las generadoras eléctricas hasta las distribuidoras domésticas.

Durante todos estos días, los cortes siguen ya que la Cooperativa Eléctrica anuncia diariamente una grilla de cortes programados por sectores, dejando sin servicio a la población durante dos horas y media cada día. Eso en el mejor de los casos, ya que el cronograma no suele respetarse, afectando especialmente los barrios populares a costa de sostener el servicio en los sectores empresariales, como en el Centro Comercial La Perla. La renuncia única del vicepresidente sirve como fusible, pero no para cambiar las cosas: como muchos bolivarenses plantean, se tiene que ir todo el consejo de administración de la Cooperativa Eléctrica. En su lugar debería asumir el control una comisión de vecinos, electos y revocables, que empiece por hacer públicas las cuentas del negocio eléctrico y los servicios adicionales que maneja (Coopemed, servicio de medicina prepaga, y sepelios).

El calvario de los apagones no es privativo de Bolívar, sino la normalidad en el inviable sistema energético del país. Pasó durante el verano con Edesur en el Conurbano y hasta el pasado 1 de marzo hubo un apagón masivo por responsabilidad de Transener. Es que las privatizadas engrosan sus ganancias a costa de tarifas cada vez más caras y subsidios multimillonarios, pero son incapaces de invertir siquiera en el mantenimiento del tendido eléctrico. Ante esto, es necesario abrir los libros de toda la cadena energética, a fin de verificar los costos reales y cuál fue el destino de los subsidios estatales, en pos fijar tarifas acordes a las necesidades sociales. De fondo, se tienen que ir también los políticos que gobernaron para los capitalistas de las privatizadas y se debe nacionalizar bajo control obrero toda la industria energética. Solo así, el interés mayoritario de la población trabajadora podrá orientar el sistema eléctrico al desarrollo industrial del país y a satisfacer las necesidades populares.

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