El “empate técnico” que pronosticó el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, el domingo pasado por la noche, parece haber faltado a la cita, pues las últimas informaciones, escrutado el 80% del padrón, daba el 54.7% de los votos al rechazo a la posibilidad de una nueva reelección de Evo Morales.

               El presidente de Bolivia pretendía hacer la ‘gran Kirchner’ – quien adelantó la fecha de elecciones parlamentarias en 2009, para anticiparse a las consecuencias políticas que tendría una crisis económica que se perfilaba para poco más tarde. En este caso, la próxima elección presidencial recién debe tener lugar en 2020; Evo habría fracasado como le ocurriera a su oráculo. El derrumbe de los precios del petróleo y la minería, y en menor medida el gas, pronostica un cuadro de crisis, que haría inviable cualquier posibilidad de victoria plebiscitaria. Evo se jugó al plebiscito, a pesar de haber recogida la advertencia de su derrota en la ciudad de El Alto, en 2015.

                El Sí a la reelección sufrió fuertes reveses en ciudadelas cautivas del MAS de Evo Morales, en contraste con lo ocurrido con las últimas presidenciales, cuando el oficialismo llegó a ganar en Santa Cruz de la Sierra, considerado bastión de la oposición de derecha. En El Alto, el distrito más importante del Altiplano y bastión del MAS (su población es un 50% superior a los distritos de Pando, Tarija y Beni), el Sí retrocedió al 57% del 70% obtenido en las presidenciales de 2014. En Cochabamba ha sufrido un desplome: perdió 62,4% a 37.6 por ciento; en el distrito minero de Potosí – 60 a 40 por ciento. En resumen, Evo sufrió un retroceso enorme en los distritos que constituyen su base política. Se ha quebrado el “indigenismo”, que no se refiere a la masa agraria de Bolivia, sino a la enorme emigración campesina hacia las ciudades – por ejemplo la construcción desde cero de El Alto. La masa ‘plurinacional’ ha menguado su apoyo al gobierno.

                La larga perduración del gobierno de Evo tiene por base económica el alza espectacular de los precios internacionales de las materias primas, incluida la soja. El gobierno del MAS, por su lado, incrementó desde 2006 la participación fiscal en la renta petrolera, gracias precisamente a esos precios elevados. Contra lo que dice el relato oficial, no propició la nacionalización de los recursos minerales sino que lo rechazó – primero en un plebiscito en 2004, luego cuando expulsó del gobierno a la fracción nacionalista que encabezaba el ex ministro Solís Rada. También rechazó la implementación de una reforma agraria, esto cuando pactó con la oligarquía de la llamada “media luna”, la reforma constitucional. El boom fiscal propició una enorme especulación inmobiliaria, que encareció la cotización del suelo, y una revalorización del peso que afectó negativamente a la débil industria boliviana – a favor de un crecimiento de las actividades comerciales. El maná minero-sojero ha entrado en declinación: Brasil y Argentina empezarán a presionar por una reducción del precio del gas que les provee Bolivia.

                Evo no ha perdido solamente el derecho a otra reelección: todo plebiscito entraña un veredicto sobre el gobierno en funciones. Evo y el MAS rechazan, obviamente, esta caracterización – y tiene, hasta cierto punto, razón, esto porque no existe una oposición política real, ni por lo tanto una polarización política. El horizonte económico, sin embargo, no augura que pueda revalidar el poder, más bien lo contrario. Con los plebiscitos no se juega. Las petroleras y las mineras, como ocurre en Argentina, van a reclamar un recorte de la apropiación fiscal de la renta del sector. Con la soja, la cosa luce más atenuada, pero el cuadro que emerge del fracaso del plebiscito, envalentonará los reclamos de los grupos sojeros. Comenzarán a propiciar una reversión de la valorización del peso.

                La izquierda puede alinearse con el bonapartismo popular, sin confundirse con él de ninguna manera, cuando éste se ve obligado a un choque físico con la oligarquía, pero nunca para que el bonapartismo se perpetúe en el poder y siga la estatización de las organizaciones obreras y el movimiento popular. El pasado criminal de la derecha boliviana la limita para explotar la crisis que anuncia la derrota del Sí. La izquierda revolucionaria se debe una deliberación urgente, para tomar la iniciativa y, a través de ella, recuperar las organizaciones obreras para una política de clase y para disputar la dirección política de las masas.