En la madrugada del 13 de julio, en Cipolletti (Río Negro), el barrendero municipal José Maciel murió debido a la explosión de una bomba de fabricación casera, colocada frente a la Escuela de Cadetes de la Policía. Otro artefacto similar fue hallado y desactivado poco después frente a la sede de Telefónica.

Las “hipótesis” oficiales sobre el origen de las bombas son dos: una, involucra a una familia de “narcos” enfrentada al intendente Weretilneck, la otra, se lo atribuye a un difuso grupo foquista. Por su parte, Carlos Soria (PJ-intendente de Roca) agrega una tercera, que apunta a la “feroz” interna dentro de la misma policía (Río Negro, 15/7). Soria, aspirante a la gobernación, fue jefe de la SIDE durante la presidencia de Duhalde y uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda de junio de 2002, es decir: un hombre ducho en conspiraciones e internas policiales.

Pero en cualquier caso, el atentado brindó al gobernador Saiz y al gobierno nacional la oportunidad de recomponer su vínculo. Los K habían evitado involucrarse en forma directa con la militarización de Bariloche debido al levantamiento popular. Las bombas “generaron un nuevo escenario. La participación inicial de la Policía Federal, Gendarmería y la Side ayudó a descomprimir la tensión y sobre la noche del lunes el diálogo entre el Ministerio de Gobierno provincial y la cartera de Justicia nacional era fluido”. El ministro de Gobierno, Diego Larreguy, obtuvo rápidamente una próxima reunión en Buenos Aires con el ministro de Justicia Julio Alak y que el Consejo de Seguridad Interior sesione dentro de diez días en Cipolletti. Esto fue presentado como una inequívoca señal de “distensión” entre el gobierno de Saiz y los K.

La rebelión popular de Bariloche a puesto en crisis la tentativa re re-eleccionista del gobernador, un radical K que cumple su segundo mandato y que pretendía convocar a una reforma constitucional que lo habilitara a un tercero. La “distensión” con el gobierno nacional llega una vez sellado el compromiso de un recambio para 2011. La oposición patronal (el PJ y la interna radical) fue un factor de estabilización del régimen de Saiz en el momento crítico, cuando quedó desahuciado por la pueblada y entró en disgregación. Como se puede apreciar, el pacto con los “nac&pop” incluye la preservación del aparato represivo provincial, podrido hasta el tuétano. Este es el operativo político reaccionario que quedó sellado por las bombas halladas el martes 13 en Cipolletti.

El Partido Obrero repudia el atentado criminal que mató a Maciel y denuncia su manipulación por parte del Estado, que pretende utilizarlo para reforzar al aparato represivo. No podemos dejar en manos de las fuerzas de “seguridad” –responsables y cómplices del “gatillo fácil”, la trata de personas y el narcotráfico en la provincia– el esclarecimiento de la muerte de Maciel.