La orden de detención dictada por el juez Martínez de Giorgi contra Hebe de Bonafini desató un operativo inusitado, que incluyó una orden de allanamiento al local de las Madres y luego el intento de detenerla en la tradicional ronda de los jueves en la Pirámide de Mayo. La elección del día, coincidente con el segundo cacerolazo contra el tarifazo, fue deliberada. Sin duda, se trató de un show funcional al macrismo. Por caso, ningún magistrado ha demostrado el mismo empeño hasta ahora para dar con el contrato secreto de YPF con Chevron, a pesar del fallo de la Corte Suprema.

 

Sin embargo, esto no debe ocultar, como señaló Nora Cortiñas, que Hebe “no está requerida por un tema de derechos humanos, sino por su rol de empresaria”. Está imputada en la causa que investiga la malversación de dinero destinado a la construcción de viviendas a través de la empresa “Sueños Compartidos”, que dirigía junto a Sergio Schoklender.

 

Hebe está acusada junto a José López y cuarenta funcionarios más por el desfalco de casi mil millones de pesos provenientes de fondos públicos. En una carta pública, Hebe señaló que no concurriría a declarar porque no reconocería la autoridad de “esta justicia”. Sin embargo, esa razón principista ha sido dejada de lado. Sus abogados están negociando con el juez una salida procesal y Hebe estaría dispuesta a declarar si es eximida de ir a prisión preventiva. 

 

La Fundación Madres de Plaza de Mayo actuaba como intermediaria entre la Secretaría de Obras Públicas que ocupaba el bolsero López y la constructora privada Meldorek, perteneciente a Schoklender, beneficiaria exclusiva de los planes de construcción de viviendas sociales hasta 2011. Gobernadores e intendentes de todo el país también sumaban sus propias licitaciones confeccionadas a medida de la constructora de Madres.

 

Antes de que la Justicia detectara los enjuagues financieros del tándem Hebe-Schoklender, los obreros de Meldorek denunciaban empleo en negro, súper explotación y maltratos propios de pistoleros.

 

La cooptación política de los K arrastró a Madres al barro de la corrupción, junto a los López, los Lázaro Báez y demás socios de la camarilla patagónica. Constituyó uno de los episodios más denigrantes y dolorosos, para los luchadores, de todos los ocurridos bajo los gobiernos kirchneristas, que tuvieron presos políticos, muertos en protestas sociales y un genocida como jefe del Ejército. La antigua luchadora abrazó la defensa del kirchnerismo al punto de descender a los niveles de repudiar a Julio López tras su segunda desaparición. Cambió el acompañamiento a las luchas por la asistencia perfecta a los actos protocolares en la Casa Rosada. El 24 de Marzo sumó a Aníbal Fernández al camión de las Madres.

 

El gobierno de Macri, sin duda, se sirve ahora de esta causa judicial para encubrir a los suyos, los Caputo, los Calcaterra, los Niembro y los Grindetti. También, para avanzar en sus políticas de amnistía a los genocidas.

 

Hebe debe responder por los negociados de “Sueños Compartidos”. Su obligación es limpiar el nombre de las Madres y precisar el papel de los funcionarios -incluidos los servicios de inteligencia- involucrados. Sin embargo, a la hora de enfrentar la embestida judicial, Hebe prefirió rodearse de Zannini, Boudou, Ferraresi, el “Cuervo” Larroque y Sabatella.

 

Una parte de la izquierda actuó nuevamente como furgón de cola de esta pandilla y se hizo presente en el acto con los K, como ya lo había hecho frente a la detención de Milagro Sala. Su seguidismo a la banda kirchnerista responde a un electoralismo indisimulable.

 

Más que nunca, reivindicamos la completa independencia de las organizaciones de lucha y de derechos humanos frente al Estado y sus partidos. El Partido Obrero levanta estos planteos con la autoridad de haber sido la única fuerza política que acompañó la lucha de las Madres durante la dictadura militar.