El juez Marcelo Martínez de Giorgi ha procesado por “defraudación de la administración pública” a Hebe de Bonafini, los hermanos Schoklender, el ex secretario de obras públicas José López y Abel Fatala, entre otros, en relación al desfalco de Sueños Compartidos, pero dictó la falta de mérito al ex ministro de Planificación Julio De Vido, los intendentes y gobernadores involucrados.

 

¿Cuál sería el sentido de esta consideración distinta para con unos y otros? 

 

Martínez de Giorgi ha manejado los tiempos de la causa con el reloj del macrismo, que apuesta a explotar en función de sus necesidades políticas el barro al que los K arrastraron a Madres de Plaza de Mayo mediante los convenios para la construcción de viviendas que firmaron con su fundación.

 

Luego de lanzar la opereta de la detención de Hebe en agosto pasado –el mismo día en que se extendían los cacerolazos contra los tarifazos–, Martínez de Giorgi lanza su resolución pocos días después de la movilización de centenares de miles contra la resolución del 2×1 a los genocidas, que obligó a un recule del gobierno. Y en el preciso momento en que volvió a estallar el caso Arribas.

 

La motivación del favor a los intendentes parece simple: aquellos que firmaron los convenios con la Fundación Madres de Plaza de Mayo –Granados (Ezeiza), Julio Zamora (Tigre), Lifschitz (provincia de Santa Fe) todavía en mandatarios; los ex gobernadores Capitanich (Chaco), Zamora (Santiago del Estero); Closs (Misiones) y Giustozzi (ex intendente de Almirante Brown y actual diputado)–, integran hoy la ´confederación del ajuste´ junto al macrismo.

 

En relación con De Vido, quien no podía desconocer un desfalco que se extendía a numerosas provincias y localidades, la falta de mérito podría ser un acto de autopreservación política del oficialismo: el macrismo y el kirchnerismo han compartido una misma base empresaria con respecto a los negociados en la obra pública (Calcaterra, Roggio y siguen las firmas).

 

Tampoco debería descartarse que la falta de mérito forme parte de un operativo de aprietes y negociaciones con la camarilla kirchnerista ("cerco judicial") para condicionar una candidatura de CFK.

 

Cooptación

 

La resolución dictada por Martínez de Giorgi da cuenta de la desviación de más de $200 millones –de los $749 millones asignados a emprendimientos que se otorgaban por fuera de cualquier licitación– para alimentar empresas y compras de lujo en la órbita de los Schoklender. Como se señaló en repetidas ocasiones en Prensa Obrera, tales negocios incluyeron la superexplotación de miles de albañiles y los manejos gansteriles de los Schoklender en los barrios populares, en favor de los punteros y contra los sectores combativos. Algo que se desarrolló exponencialmente en suelo porteño tanto bajo la administración de Aníbal Ibarra como de la del propio Macri.

 

Esta podrida estructura de negocios compone, junto a los abrazos de Bonafini con Milani, toda una pintura de las nefastas consecuencias de la cooptación de los organismos de Derechos Humanos por parte del kirchnerismo.

 

Bonafini respondió en un vídeo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en el que junto a la defensa de su inocencia renovó su adhesión al “proyecto nacional y popular”. La alocución careció, como ya había ocurrido en el pasado, de cualquier demarcación con los López, De Vido y demás funcionarios y gobernantes enredados en la trama de corrupción.