Desde la cartera que conduce Martín Guzmán celebraron la adjudicación de los anunciados bonos atados a la cotización del dólar, ya que la demanda más que triplicó lo esperado. Esperaban emitir deuda por 500 millones de dólares, pero finalmente licitaron unos 1.760 millones, equivalentes a 136.000 millones de pesos.

Estos instrumentos pretenden estimular a los acopiadores a vender la cosecha que tienen retenida a la espera de una devaluación. Como los bonos están linkeados al dólar, sus ganancias quedan al resguardo de una depreciación fuerte del peso. Finalmente, con una brecha cambiaria rondando el 100%, todos los actores de la economía apuestan a una aceleración devaluatoria. Es decir que, al fin y al cabo, el gobierno premia a los especuladores, luego de bajar las retenciones para el complejo sojero, minero, cárnico, e industrial. Y los más probable es que todo ello ni siquiera alcance para acelerar el ingreso de divisas.

A su vez, desde el Ministerio de Economía enfatizaron que la colocación permitirá cubrir gran parte de las obligaciones financieras del mes, que ascienden a 225.000 millones de pesos, de los cuales 166.000 están en manos de privados. Es decir que los bonos serán utilizados para cancelar vieja deuda en pesos, pero con el agravante de que la devaluación en ciernes multiplicará el monto a pagar por los nuevos títulos. Esto es evidente tras el rotundo fracaso del supercepo en frenar el drenaje de divisas.

En el entorno de Alberto Fernández celebran este mecanismo porque permitiría ensayar una “contracción de la base monetaria”, ya que de esta manera el Tesoro absorbe pesos en circulación, pero más que nada porque no tendrá que emitir nuevos billetes para cubrir los vencimientos del mes. Sin embargo esto es relativo, viniendo de un septiembre en que se emitieron casi 200.000 millones de pesos, de los cuales más de 70.000 fueron para el pago de intereses de Leliq y pases diarios a los bancos, un monto que puede crecer en los próximos meses al compás de la suba de las tasas de interés.

Es una dinámica que recién empieza. Tras este “éxito”, el gobierno anunció que emitirá nuevos bonos atados al dólar por un total de 2.000 millones de dólares, además de Letras del Tesoro por 800 millones de dólares y por 30.000 millones de pesos. Es decir que empiezan a abultarse los vencimientos de deuda para 2021, cuando también empezarán a cobrar los bonistas.

A la emisión de nueva deuda hay que agregar, al mismo tiempo, los bonos canjeados en poder de la Anses y del Banco Central, que son vendidos para tensar hacia abajo al dólar financiero o contado con liqui -con escasos resultados. Estos títulos pasan entonces de ser deuda intraestatal a deuda con privados, por lo que a fin de cuentas es un mayor endeudamiento. Con un rendimiento en torno al 14,5%, quienes compren estos bonos harán un verdadero negoción.

Si bien el canje extendió el grueso de las obligaciones financieras para más adelante, la calificadora Moody’s considera que el riesgo de incumplimiento “sigue siendo alto”. Esta misma consideración se expresó también en la caída -sin precedentes- de la cotización de bonos recién reestructurados. Es que en medio de una aceleración de la crisis, la improvisación de la política económica oficial no es un buen augurio, a pesar de los jugosos negocios que ofrece.

Luego de fracasar a cada paso en su intento de “ordenar la macroeconomía”, y de que le torcieran el brazo los acopiadores de soja, el gobierno no tiene otra cosa que ofrecer a los funcionarios del FMI que ejecutar un drástico ajuste. Es lo que comenzó con el robo de la movilidad jubilatoria, y los recortes previstos a la salud, educación y la asistencia social en el Presupuesto 2021. Si, además de ello, los trabajadores sufrirán los efectos inflacionarios de la devaluación que se avecina, los nuevos bonos brindarán a los capitalistas los medios de poner sus rentas a resguardo.

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