La pretensión oficial de blindarse en la Justicia con jueces y fiscales adictos hace agua. La permanencia de los K está condicionada a su capacidad de timonear la crisis y trasladarla a los trabajadores. Fuera Boudou, el pueblo tiene que decidir.

El pedido de juicio político a Amado Boudou ha terminado del modo previsto por oficialistas y opositores -o sea, con su rechazo. La oposición del Congreso reclamó la reunión de la Comisión de Juicio Político, conciente de que chocaría con su mayoría kirchnerista. Por la misma razón, el bloque del gobierno se apresuró a convocarla y precipitar el rechazo. Pero los K aprendieron ese procedimiento impostor de Macri, cuando se “puso a disposición” de la Legislatura porteña en la causa de las escuchas telefónicas, a sabiendas que el juicio político no podría prosperar. Pero el freno en el Congreso no detiene la andanada de cargos que se acumulan sobre el vicepresidente y, en general, sobre la camarilla presidencial. Por un lado, le esperan a Boudou nuevos procesos por enriquecimiento ilícito, la omisión de cuentas bancarias y las compras sin licitación de automóviles de lujo. En otro plano, a la lista de valijeros de dinero negro se agregó ahora el ex secretario privado de Néstor Kirchner. La pretensión oficial de blindarse en la Justicia con jueces y fiscales adictos se hace trizas: la lista de magistrados y camaristas que abandonan el barco oficial se agiganta al compás de la crisis económica y política.

Extorsión 

La tentativa de juicio político con final anunciado pone de manifiesto que la oposición aún mantiene las causas judiciales en el plano de la extorsión política. Bajo la picota de su propia corrupción, la permanencia de los K en el gobierno se encuentra condicionada a su capacidad de timonear la bancarrota económica y, sobre todo, de trasladarle la hipoteca a los trabajadores. En la lista de ese trabajo sucio, se encuentran el arreglo con los fondos buitres y el capital financiero internacional. Pero, principalmente, las condiciones que éste exige para refinanciar la quiebra nacional: por un lado, el levantamiento del cepo cambiario, una nueva devaluación de la moneda y un tarifazo en regla. Por el otro, exigen que los K hagan de la recesión un arma contra los trabajadores y su organización independiente. La escalada de aumentos en las naftas y el tarifazo que se prepara para la luz eléctrica -que ya ha sido “saludado” por la Bolsa- y las represiones a los conflictos obreros revelan que el gobierno marcha en esa dirección. El gobierno ha comparado a Lijo con Griesa, presentando a Boudou como abanderado de una supuesta ‘resistencia nacional’ a los buitres. Lo cierto, sin embargo, es que los K podrían terminar acatando a los dos jueces. Esto es, avanzar en un arreglo con el capital financiero en sus términos -“pagarle al 100% de los bonistas”- y en ese cuadro promover el “paso al costado” de Boudou, que es lo que estarían reclamando Scioli, los pejotistas que permanecen en el gobierno y también el tándem Kicillof-Gallucio.

Pero en uno y otro caso, el gobierno necesita una operación quirúrgica. Con la deuda, para conciliar los intereses de los diferentes usureros -los que entraron al canje y los que no. Con Boudou, para que su caída no arrastre al resto de la camarilla presidencial, que tiene que ejecutar hasta 2015 la faena del ajuste. El “paso al costado” que le reclaman al vice los Massa, Sanz o Carrió tiene este mismo alcance.

Que el pueblo decida 

La claque que hoy está en la picota es la que se enriqueció con el rescate de los intereses capitalistas que quebraron en 2001, que rescató a los acreedores de la deuda y enchufó buena parte de ella a contribuyentes y jubilados. Ese fue el papel de Boudou -que arrancó lucrando con la deuda pública de Formosa- al frente de la Anses. Los opositores que hoy vociferan contra Boudou -como Lousteau o Redrado- participaron de ese saqueo y hasta fueron los jefes del actual vice (Massa). Fuera Boudou: que se abran todos los registros de las operaciones de deuda pública con los acreedores externos, con el Central y con la Anses. Por el repudio de la deuda externa en el marco de una reorganización social integral. Que el pueblo decida.

Marcelo Ramal