El jueves pasado el obispo Gilligan designó como nuevo cura párroco de Bragado a Christian Von Wernich, amigo personal y confesor del general Camps y conocido integrante del “grupo de tareas” del campo de concentración “La Casita”.

La resolución del obispo causó tremenda indignación en Bragado, varios de cuyos pobladores figuran como desaparecidos. Cecilia Idiart, por ejemplo, fue secuestrada bajo la directa supervisión de Wernich según consta en las pruebas reunidas por la CONADEP y en el testimonio del ex-policía Julio Emmed, chofer del general Camps.

Más de dos mil personas rodearon la iglesia el día en que debía “asumir” el genocida. Los sindicatos, las cooperativas, los sectores profesionales, todo el pueblo ganaron la calle para exigir la inmediata destitución del “sacerdote”. El Concejo Deliberante votó una resolución emplazando al genocida a dejar la ciudad en 48 horas. Los propios feligreses de la parroquia se han negado a ir a misa mientras Wernich esté a cargo del lugar. Es indudable que se plantea de aquí en más la necesidad de una gran movilización nacional contra este “idólatra” del delito de “lesa humanidad” y de sus mentores. Esta movilización del pueblo de Bragado saca a luz la importancia de reducir a la corporación eclesiástica a una asociación de carácter privado, sin injerencia en la educación ni en el Estado. La Iglesia no está sometida a las reglas de derecho que norman al ciudadano común, lo cual es incompatible con los principios de un régimen democrático. Que se juzgue y castigue a los torturadores; que se separe a la Iglesia del Estado; que se retire al clero de la educación; estos son consignas elementales de la lucha por la democracia.