Políticas

18/2/2016|1399

Brasil: microcefalia, ¿zika o crimen de Estado?

Brotes anteriores de zika no tuvieron el efecto de provocar malformaciones masivas en los recién nacidos. Incluso la propia OMS -que autoriza el pyriproxifen y sostiene a fondo la hipótesis del zika como causante de las malformaciones-, reconoce que la relación entre zika y microcefalia está simplemente “en estudio”. De casi 4.000 casos detectados de microcefalia, la relación con el zika se probó en 41


La epidemia de zika y la ola de malformaciones infantiles (fundamentalmente microcefalia) están al borde de colocarse en el centro de una crisis política en Brasil. Ocurre que el estado de Rio Grande do Sul prohibió la fumigación con pyrifroxifem, un larvicida utilizado en Brasil desde 2014 para controlar las larvas justamente del mosquito transmisor del dengue, zika y chikunguya, por considerar que puede ser un factor causante decisivo de los casos de microcefalia. La respuesta del Ministerio de Salud de Brasil fue inmediata: sostuvo que la fumigación con pyrifroxisen “nada tiene que ver” con las malformaciones que sufren miles de bebés brasileños y que el gobierno atribuye al virus del zika (1).


La tesis que relaciona el aumento en la cantidad de casos de microcefalia con la fumigación con este veneno, entre otras causas, fue desarrollada por diferentes organizaciones sanitarias independientes. La Abrasco (Brasileña) publica una Nota Técnica y Carta Abierta al Pueblo Brasileño cuestionando el análisis lineal del Ministerio de Salud brasileño que vincula las emergentes malformaciones congénitas al zika, deja de lado otros factores que pueden estar incidiendo en el problema.


La argentina “red de médicos fumigados”, pone el acento en el pyriproxifen, explicando que dicho veneno actúa inhibiendo el crecimiento del mosquito y generando malformaciones que producen su muerte o incapacidad. Este veneno se aplica directamente sobre los reservorios de agua, especialmente en el noreste, donde la falta de agua potable conduce al almacenamiento por parte de la población en reservorios precarios, que generan criaderos de mosquito (2). El pyriproxifen comenzó a utilizarse en 2014, reemplazando al temefós, que se volvió inocuo por la adaptación de los mosquitos. La sustitución de larvicidas por otros más potentes, crean adaptaciones en las poblaciones que deben controlar y hacen crecientemente más toxico el ambiente para la población y otras especies, sin resolver los problemas planteados inicialmente.


Significativamente, brotes anteriores de zika no tuvieron el efecto de provocar malformaciones masivas en los recién nacidos. Incluso la propia OMS -que autoriza el pyriproxifen y sostiene a fondo la hipótesis del zika como causante de las malformaciones-, reconoce que la relación entre zika y microcefalia está simplemente “en estudio”. De casi 4.000 casos detectados de microcefalia, la relación con el zika se probó en 41.


En el caso del noreste brasileño, la fumigación contra el mosquito no es un rayo en el cielo sereno. La región se ha transformado en un epicentro de fumigaciones masivas para potenciar la expansión agropecuaria depredatoria, que agravó la polarización social y la pobreza. Se utilizan masivamente pesticidas prohibidos en sus países de origen (por ejemplo, el paraquat (3) ). Diferentes estudios describieron, antes del actual crecimiento de la microcefalia, un aumento exponencial de problemas sanitarios por el uso de pesticidas (4), incluidas las malformaciones fetales.


El uso de agrotóxicos y larvicidas potencia un enorme negocio por parte de los laboratorios, como Monsanto, Syngent, o el japonés Sumitomo Chemical, que produce el pyriproxifen. A este negociado se sumó la publicitada producción de “mosquitos mutantes” por parte del laboratorio Oxitec, que ha resultado ser un enorme fracaso para controlar la epidemia pero un buen negocio para los fabricantes del mosquito.


Todos estos agrotoxicos son autorizados o incluso utilizados por el Estado, y autorizados por la OMS. Esto transforma los 4.000 casos de microcefalia, de comprobarse la relación, en un crimen directo por parte del Estado. La lucha contra la epidemia requiere terminar con las condiciones miserables de vida de la población, garantizar el acceso al agua, terminar con las fumigaciones masivas y garantizar una investigación independiente de los efectos de los pesticidas sobre la salud de la población.