En la madrugada de hoy un fuerte operativo policial con topadoras avanzó en el desalojo de un centenar de familias que desde hace 4 años luchan por su derecho a una vivienda digna. Durante todo ese tiempo las familias sobrevivieron rodeadas por la policía sin luz ni agua.

Lo que está en juego en barrio Nueva Esperanza es el derecho de las familias a una vivienda frente al negocio de los especuladores inmobiliarios de Urbanor que pretenden esas tierras para un country. Claramente el gobierno provincial y el del municipio de Juárez Celman (que es donde estaba el asentamiento) están al servicio de los especuladores y no para los trabajadores.

Lo que se vivió en la mañana de hoy muestra que el gobernador Juan Schiaretti está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para garantizar los negocios de los especuladores. El megaoperativo contó con la infantería, la montada y la división canes, los cuales además golpearon a legisladores que se hicieron presentes, y detuvieron a los ocupantes que defendían sus casas. Incluso se vivió el dramático hecho de una familia que se roció con nafta en la desesperación a la cual la llevó el gobierno.

Reclamamos la inmediata libertad a los detenidos y denunciamos al gobierno de Schiaretti por la brutal represión.

En Córdoba, el déficit habitacional es de más de 300 mil viviendas, lo que se ve agravado por el ajuste, los tarifazos y la desocupación creciente, situación que se agravará con el acuerdo con el FMI, que deteriorará aún más las condiciones de vida de la población trabajadora.

Es necesario el rechazo a esta política y la creación de un plan de viviendas populares que dé solución al problema habitacional en Córdoba y que genere puestos de trabajo para así enfrentar el hambre, la falta de vivienda y la desocupación.