Un informe de la asociación que nuclea a los institutos de educación privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA) de cuenta de un alto índice de morosidad en el pago de las cuotas y una caída de la matrícula que da cuenta de las consecuencias del ajuste y la caída del poder adquisitivo de muchas familias trabajadoras.

Según AIEPBA el 60% de la escuelas de la provincia tiene una incidencia de alrededor del 30% de morosidad en los inscriptos, lo que estaría dando lugar al desplazamiento hacia escuelas privadas más económicas y/o directamente a la educación pública.

Los últimos datos de la inflación publicados por el Indec dan cuenta de un salto del 7,1% en el rubro educación, que asciende al 10% en la provincia de Buenos Aires, esto sumado a los efectos más generales de la inflación que restringen los ingresos familiares.

La entidad privada responsabiliza de la suba de las cuotas a los aumentos salariales, señalando que el 82% de sus costos son salariales; sin embargo, omiten señalar que el Estado asigna importantes subsidios para cubrir exclusivamente salarios.

Los salarios mínimo inicial docente, en todo el país, recién llegará a escasos $77.137 a fin de año: poco más de la mitad de una canasta básica de pobreza.

Estos subsidios oscilan entre el 40 y el 100% de la nómina salarial, y a mayor participación el Estado la cuota debe ser más baja, aunque esto no impide maniobras de los establecimientos privados para facturar con cursos extracurriculares u otras prestaciones. A nivel nacional, el 60% de los establecimientos educativos privados recibe algún tipo de subvención.

Además, las instituciones privadas cuentan con otros beneficios fiscales, como la exención del IVA y el Impuesto a las Ganancias, y/o exenciones a los aportes patronales.

De los 2.300 establecimiento de educación privada de la provincia de Buenos Aires, el 40% cuenta con menos inscriptos para el 2023, mientras que otro 25% registra alguna suba en la matrícula.

Las cuotas en el sector privado de la provincia oscilan entre $10.000 y $150.000, con un promedio de $20.000 para las que reciben subsidios, lo que representa una fuerte carga para las familias con varios hijos en edad escolar que apelan incluso a los establecimientos más “baratos”, muchas veces por la saturación del sistema público o por el deterioro del mismo producto de la desinversión estatal.

Los institutos de educación privada presionan por un aumento de los subsidios del Estado para sostener su negocio, muchos de ellos dependientes de la Iglesia Católica con fuertes vínculos con el Estado. Se trata de un negocio que crece al ritmo del deterioro de la educación pública, que el mismo Estado alimenta con actualizaciones en gastos educativos atados a la falsa proyección presupuestaria de la inflación del orden del 60%.

El Estado descarga su ajuste contra las familias trabajadoras obligándolas a pagar para acceder a la educación. Ya que el Estado garantiza la mayor parte del financiamiento de estos establecimientos privados, los mismos deberían pasar a manos públicas, conservando el conjunto de los puestos de trabajo y ampliando y mejorando la oferta educativa con una inversión en salarios, cobertura de cargos e infraestructura.