La Libertad Avanza dejó trascender que le asignará el cargo de ministra de Seguridad a Patricia Bullrich, quien ya estuvo al frente de esa cartera bajo el gobierno de Mauricio Macri, en una gestión marcada por el asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, la Doctrina Chocobar y las puestas en escena para fingir un inexistente combate al narcotráfico.

Por un lado, Bullrich cuenta en su haber con numerosos episodios de represión a la protesta social y carga con la responsabilidad política de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Podemos mencionar los brutales operativos represivos orquestados para desalojar la ocupación de la fábrica AGR frente al cierre en 2017; o bien, para enfrentar la pueblada del 14 y el 18 de diciembre de ese mismo año contra la reforma jubilatoria, donde un compañero del Partido Obrero perdió un ojo producto de un cascotazo lanzado por las fuerzas de seguridad y César Arakaki y Daniel Ruiz fueron condenados por la Justicia por haber participado de la manifestación.

Además, Bullrich avaló el accionar de los gendarmes que desaparecieron y asesinaron a Santiago Maldonado en 2017, en el marco de una represión ilegal contra la comunidad mapuche Pu Lof Cushamen, que lucha por recuperar su territorio ancestral arrebatado por el magnate Benetton.

De hecho, la exministra hasta llegó a afirmar que Maldonado “se había escapado a Chile” mientras estaba desaparecido, y, luego, cuando apareció su cuerpo en el río Chubut, sostuvo la hipótesis de que se “había ahogado”. Incluso, en el debate presidencial de cara a las recientes elecciones generales, mintió diciendo que los imputados en la causa habían sido absueltos cuanto todavía no el juicio no finalizó.

También defendió a los suboficiales de Prefectura que, el 25 de noviembre de 2017, fusilaron por la espalda a Rafael Nahuel en Villa Mascardi, en defensa de los grandes intereses inmobiliarios y turísticos que priman en la zona. Rápidamente, el Ministerio de Seguridad que conducía Bullrich salió a difundir la versión de que que la Prefectura había sido emboscada “por un grupo que tenía armas blancas, boleadoras, lanzas y armas de grueso calibre”.

Actualmente, el abogado defensor de los cinco prefectos acusados por el crimen del joven mapuche es Marcelo Rocchetti, quien se desempeñaba como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad bonaerense durante el gobierno de Cambiemos.

A pesar de su política de palos y gases contra las luchas populares, la movilización se multiplicó con el macrismo, demostrando que la miseria social no se resuelve con represión.

Por otra parte, Bullrich fue la ministra del gatillo fácil, los cuales ascendieron a 508 bajo su gestión. Sin ir más lejos, en 2018 reglamentó la “doctrina Chocobar”, que habilitaba a las fuerzas federales disparar sin dar la voz de alto. La misma estuvo inspirada en el policía Luis Chocobar, que, en 2017, estando fuera de servicio, había matado por la espalda a Pablo Kukoc, de 18 años, por haberle robado a un turista.

Por otro lado, la inseguridad no se redujo pero “liberó a las fuerzas de seguridad para avanzar con detenciones discrecionales y por casos menores que incrementaron los niveles de población penitenciaria del 3% que teníamos hasta el 2015 al 12% a partir de 2016” (Página 12, 23/11). A su vez, su supuesta “lucha contra le narcotráfico” consistió en operativos farsescos, sin embargo, en ese período no mermó ni la venta de drogas ni el consumo, según los datos de Sedronar.

Es partidaria, al igual que Milei y Villarruel, de modificar la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas vuelvan a jugar un rol en la represión interna. Evidentemente, su nombramiento está al servicio de reforzar el andamiaje represivo para evitar que se levanten los trabajadores, en momentos donde se avecinan duros golpes a sus condiciones de vida.

Desde ya le avisamos al próximo gobierno que no nos va a amedrentar. El pueblo argentino saldrá a las calles inevitablemente contra sus políticas de hambre, como lo ha hecho en numerosas oportunidades a lo largo de la historia.

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