La visita de Bullrich a Rosario para anunciar el “Plan Bandera” tuvo un doble objetivo, reforzar la línea represiva que lanzó el gobierno de Milei y darle un barniz de política de “seguridad” a la cartera nacional, cuya actividad como está a la vista tiene como objetivo estratégico desarticular a las organizaciones de lucha.

El gobernador Maximiliano Pullaro se mostró en sintonía fina con la ministra de la mano dura, con la que ya cogobernó bajo el gobierno del socialista Lifschitz cuando él estaba a cargo de la seguridad provincial. El fracaso fue rotundo, a tal punto que Omar Perotti relevó al Frente Progresista de la gestión precisamente bajo el lema “Paz y Orden”, frente al crecimiento de los crímenes narco en Rosario. Acompañó este balance el desastre económico de Macri, con el que el PS y la UCR se alinearon prolijamente detrás del pacto fiscal con las provincias.

Bullrich anunció que las Fuerzas Armadas “darán apoyo logístico” en la lucha contra el narcotráfico, nuevamente pisando la línea de la ilegalidad, ya que la Ley de Seguridad Interior establece claramente que la intervención de las FF.AA. en la represión interna requiere la declaración del estado de sitio de parte del presidente de la Nación. Diversos analistas señalan que esta orientación es rechazada por el propio Ejército, que no quiere meterse en el entuerto, por lo que el anuncio parece estar orientado a reforzar la campaña de amedrentamiento que han montado los libertarios tras el estupor que causaron las medidas económicas de Caputo.

Este reforzamiento represivo viene con luz verde para el gatillo fácil, un punto en el que coinciden Pullaro y Bullrich es en la doctrina Chocobar. El objetivo es blindar a las fuerzas de seguridad frente al gatillo fácil, a partir de una serie de modificaciones legales que impidan que el efectivo interviniente responda ante la Justicia si hace uso excesivo de la fuerza. Mientras Bullrich planteó la modificación del Código Penal, a los fines de quea las fuerzas de seguridad se les aplique otro criterio en relación a la legítima defensa, el gobernador propone que se establezcan los juicios por jurado “para que la población juzgue el accionar policial atendiendo a su propia vivencia”, una presentación democratizante de un objetivo reaccionario, que busca acicatear la enorme bronca popular frente a la inseguridad para eximir al Estado de sus responsabilidades.

Pullaro pone como ejemplo la condena contra el policía del comando radioeléctrico de Rosario, Pablo Nocelli, condenado por asesinar a dos ladrones: a uno lo remató por la espalda mientras estaba tirado en el piso, y su pareja, una mujer, le pegó un tiro por la espalda. Para el gobernador radical “para eso tiene el policía un arma en la cintura”. A cambio de esta verdadera licencia para matar, el gobernador retiraría a la Policía de Santa Fe que ejerce tareas administrativas de sus oficinas para volcarlas a la calle y les suspendió el uso de las licencias por 90 días, lo que creó malestar en sectores de la fuerza.

El resto del paquete es más de lo de mismo, saturación de Rosario con fuerzas federales. La novedad viene dada por la impronta del gobierno provincial, que tiene en carpeta un protocolo más represivo que el de Bullrich, como la reintroducción de códigos contravencionales de la última dictadura para identificar a personas de forma espontánea, que en caso de no circular con DNI podrán ser detenidas de oficio por 24 horas. Es evidente que el flagelo del narcotráfico será utilizado para reforzar una política de terror contra la juventud pobre y sobre todo, contra la protesta social.

Los límites de estas medidas saltan a la vista. Acelerar la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Piñero (para lo cual sí hay fondos, en el marco del ajustazo que golpea más fuerte a las provincias) no resolverá el problema de la corrupción inherente al sistema penitenciario, que es un depósito de pobres con un personal profundamente corrompido. La legislatura santafesina viene de reconocerlo así en el marco de la votación express de una “ley de emergencia en seguridad”, con la sanción de una normativa específica en relación al personal carcelario al que se le da un refuerzo.

El show a lo Bukele que ha montado el gobierno, desplazando presos de un lado al otro, no impidió que continuaran las balaceras contra escuelas, hospitales, los crímenes sicarios e incluso se produjo una amenaza a la familia del gobernador. Los 250 asesinatos narco, con los jefes de las bandas tras las rejas, dan cuenta de la protección estatal con la que cuentan, una impunidad que no resolverá ningún inhibidor sino el desmantelamiento de las finanzas que atan al poder político con los negocios capitalistas ligados al narcotráfico. Este es el nudo del problema que no piensan desatar.

Hasta el momento los allanamientos se concentran en los puntos de venta para el narcomenudeo, a raíz también de que con la sanción de esta ley express la legislatura habilitó al gobierno y la Justicia provincial a intervenir sobre delitos menores con droga, dándole prerrogativas que hasta ahora solo tenía el ámbito de actuación federal. El abordaje permite desenvolver con mayor libertad una política represiva en las villas donde están los búnkers y, de a poco, aparecen las denuncias de vecinos que fueron allanados al boleo en el marco de operativos que buscan la espectacularidad.

Esta receta fracasada fue condimentada con una referencia a un mayor control sobre la Hidrovía, con Bullrich fingiendo anticiparse a algo que es vox populi y que el narcotráfico controla muchas palancas de los puertos de San Lorenzo, que son los que concentran el 80% de las agroexportaciones de Argentina. “Los Monos se quieren meter vendiendo soja en negro” es solo un reconocimiento de algo que ocurre desde los 90 y que ningún socio de los Vicentin piensa afectar.

En Santa Fe se ha configurado un narcoEstado con base en los puertos privados y el régimen agroexportador, que no va a desmantelarse ni con medidas efectistas ni con la saturación represiva en los barrios más pobres. La erradicación de los búnkers, que será parte de una política socialista, tiene que empezar por desmantelar el lavado multimillonario en los bancos, S.A, constructoras y casinos; con el fin del contrabando en los puertos privatizados a partir de su estatización; con la creación de trabajo genuino y un salario que cubra el costo de vida; con el fomento de la educación, el deporte y la cultura; con el desmantelamiento de un aparato represivo, judicial y político completamente podrido.

En esta perspectiva de salida real a la catástrofe social que aqueja a una mayoría empobrecida, rechazamos el uso del flagelo del narcotráfico para reforzar la violencia del Estado.

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