Menem está empeñado en conseguir lo que Cafiero llamó una Corte Suprema adicta al gobierno. Ni el oficialismo ni los diarios esconden que el propósito que persigue ampliar el número de los jueces de la Corte tiene que ver con la necesidad de que no se obstaculice en el ámbito judicial la política económico-estratégica del gobierno. Esto significa curarse en salud frente a los grandes negociados que tendrán lugar como consecuencia de la política de privatizaciones y frente a las objeciones que se levanten contra el indulto, que en el caso de los militares que aún están bajo proceso es francamente inconstitucional.

La Corte actual no tiene, por supuesto, títulos suficientes para defenderse de semejante avasallamiento, pues no hay que olvidar que ella aprobó la obediencia debida y el punto final, y que en materia económica permitió que una ley de emergencia desconociera la deuda del Estado con los jubilados. Esta Corte no objetó los acuerdos con los bancos acreedores que establecen la jurisdicción de Nueva York para los litigios por la deuda externa y tampoco hizo nada ante las malversaciones del Banco Central en los meses de hiperinflación. Pero es indudable que Menem quiere garantías mayores.

Los propósitos oficialistas han desatado una discusión dentro de la burguesía, con alineamientos no del todo claros. Se debe presumir que el clan Bunge y Born estaría a favor, lo cual es lógico por cuanto es el factótum de la política actual. Otros intereses capitalistas que se encuentren fuera del círculo íntimo de la política oficial, pueden ver esto con malos ojos.

Dentro de las limitaciones de un problema que tiene en sus dos puntas opciones burguesas, antidemocráticas y proimperialistas, corresponde denunciar los intentos menemistas porque responden a los intereses de un plan superentreguista y superreaccionario.