Este miércoles 18 la legisladora del Frente de Izquierda – Unidad, Amanda Martin, presentó dos proyectos de ley que cuestionan de fondo los privilegios de la Iglesia Católica en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos es presentado por tercera vez desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda: tanto en 2018 como en 2020 fue Gabriel Solano quien llevó a la Legislatura porteña este reclamo que tomó impulso con la marea verde. Hoy día, a pesar del retroceso de la Iglesia Católica fruto de los escándalos de encubrimiento a pederastas y el revés que significó el aborto legal, el gobierno porteño mantiene las dádivas y las prebendas al clero oscurantista.

Con número de expediente 2015-2021, el proyecto introduce una serie de puntos que ponen de relieve como el gobierno sostiene la actividad religiosa. Uno de ellos plantea la anulación de los artículos del Código Fiscal que eximen a las entidades religiosas del pago de Ingresos Brutos, ABL y Patentes. El costo fiscal de este beneficio es multimillonario, en una Ciudad cuyo gobierno, por un lado, ajusta los salarios de docentes, municipales y trabajadores de la salud; y por el otro, mantiene a alrededor de 20.000 trabajadores en la precariedad laboral. Además, se propone terminar con las cesiones y permisos de uso a título precario y gratuito, un eufemismo para poner a disposición de la Iglesia el patrimonio de tierras e inmuebles de la Ciudad.

En este sentido también se exige anular las cesiones de tierras al Arzobispado de Buenos Aires, ya que en 2015 la Ciudad le entregó a perpetuidad 17 predios. Esa entrega fue aprobada por los bloques mayoritarios de la Legislatura con excepción del Frente de Izquierda. El valor de los terrenos regalados alcanza los 5,2 millones de dólares, lo cual significa un enorme desfalco. A esto debemos sumarle la cuestión de los subsidios para el pago de servicios públicos. El proyecto presentado exige la anulación de la Ordenanza 34.296, dictaminada por Cacciatore en la última dictadura militar, que obliga al Tesoro de la Ciudad a hacerse cargo de la cuenta de luz de la Catedral Metropolitana.

El segundo proyecto presentado por la legisladora Martin, con número de expediente 2016-2021, plantea la declaración de utilidad pública del inmueble ubicado en la calle Vicente López al 1950, donde actualmente opera la sede principal del Opus Dei para ser utilizado como hogar refugio para mujeres e infancias víctimas de violencia de género. Se trata de un sector de la población porteña al que se le viene negando la posibilidad de salir de la situación que sufren, fruto de la escasa asignación presupuestaria y la ausencia de políticas reales para hacer frente a la problemática. En 1972, durante la dictadura de Lanusse, el GCBA cedió como donación gratuita estos terrenos y más tarde, durante la dictadura de Videla en 1980, se decretó un subsidio de 50 millones de pesos con el que se construyó el predio.

En el mismo funcionó la residencia de “numerarias auxiliares”, una de las categorías de pertenencia a la organización. Las mujeres encuadradas en la misma debieron realizar compromisos de pobreza, castidad y obediencia. Al ingresar -todas siendo menores de edad, les señalaron que sus tareas de servicio doméstico eran una ofrenda a Dios, es decir, su misión como cristianas en el mundo. La situación de estas mujeres en la institución se hizo conocida hace unos meses, cuando 43 de ellas encabezaron una denuncia contra el Opus Dei. Se trata de mujeres pobres, que fueron reclutadas a base de engañarlas tanto ellas como sus familias, bajo la promesa de acceder a la educación cuando eran adolescentes (pero que oficiaron de mano de obra gratuita como empleadas domésticas). Según su testimonio, que fue publicado en La Nación (18/5), su escolarización fue parcial o nula, y lo que les enseñaron fue a desempeñar tareas domésticas en distintas sedes del Opus Dei entre 1980 y el 2000.

Esta denuncia de esclavitud laboral de niñas y mujeres pinta de cuerpo entero la educación que imparte esta institución religiosa, colocando a las mujeres en el rol de servidoras domésticas y sujetos tutelados, y a la que el Estado de la Ciudad aportó con su donación aún vigente. La injerencia de las Iglesias en la educación se traduce como un obstáculo sistemático para la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que no se aplica a quince años de su sanción y que contempla en su articulado a nivel nacional la potestad de que cada institución imparta educación sexual según su ideario, obstaculizando el acceso a la educación sexual laica, científica y respetuosa de las diversidades sexuales y de género.

A casi 40 años de esta donación, el predio continúa en manos del clero y ningún gobierno democrático dejó sin efecto el regalo de la dictadura de Lanusse a una organización religiosa que imparte prejuicios de todo tipo contra a las mujeres y las diversidades sexuales, la niñez y las infancias. Pero no solo eso, sino que esta donación encarna el vínculo más oscuro de la Iglesia Católica con las dictaduras cívico-militares en Argentina. Las desapariciones y crímenes de lesa humanidad, que se cobraron 30 mil detenidos-desaparecidos y niñes apropiados, se llevaron a cabo con la bendición de estas instituciones reaccionarias, que mientras tanto recibían donaciones de propiedades por parte de los genocidas.

Los señalamientos que sostienen los proyectos presentados por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda – Unidad ponen de relieve algo que se repite en el resto de las provincias argentinas: una cuestión de orden privado (la creencia religiosa) adquiere el carácter de orden público colocándose por encima del conjunto de la sociedad con sus propias leyes, valores y métodos, que adquieren así una predominancia fundamental para imponerse.

De esta manera es el mismo Estado el que viabiliza las ideologías de intolerancia y odio hacia mujeres y diversidades, que al naturalizarse se reproducen y funcionan como justificación de la segregación, la discriminación y los hechos de violencia. Las conciencia del trabajador que termina asesinando a su compañera o de las familias que aíslan integrantes por su identidad sexual, están empapadas de los postulados eclesiásticos y son la consecuencia del poder que se le otorga a estas instituciones.

El Estado argentino tiene una deuda histórica con las mujeres y diversidades que viven día a día la violencia de género y sexual. Según el observatorio Lucía Pérez, hasta julio del 2021 tuvieron lugar 180 femicidios y hay ya 150 niños huérfanos como resultado de esta situación. Luchamos entonces para romper sus lazos con las Iglesias, y por desarrollar políticas de Educación Sexual laica y científica, para aplicar el aborto legal sin restricciones, para dar fin al abuso laboral (como el vivido por las auxiliares primarias obligadas a trabajar gratis como servicio doméstico), para terminar con el abuso sexual impartido por autoridades eclesiásticas como ocurrió con Raúl Sidders en La Plata o como con Julio César Grassi. Como demostró la marea verde con la ley del aborto, la única manera de lograr estos cometidos es con la organización popular por estos reclamos.

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