Durante el 2020, en el marco del decreto del ASPO y tras la resolución 207/20, quedaron planteadas las denominadas dispensas de cuidado para hijes menores de 14 años. Dicha resolución nacional se ha mantenido tras el decreto del DISPO, sin embargo se ha constituido como papel mojado ante las múltiples presiones patronales que desconocieron dicha resolución pujando por mayores condiciones de precariedad y retrocesos de derechos en las distintas actividades laborales, tomando como pivote a la pandemia. Desde enero del 2021 el gobierno dejó sin efecto la mencionada resolución con el argumento del receso escolar, razón por la cual en los próximos días debiesen ser restituida; sin embargo, en los casos de los protocolos (costo cero) de retorno a la presencialidad escolar no figuran dichas dispensas, tampoco en el caso de hijes o convivientes a cargo con enfermedades de comorbilidades.

La situación apunta fundamentalmente contra las trabajadoras sobre las cuales recae mayoritariamente la responsabilidad de las tareas de cuidado tanto de niñes, jóvenes y adolescentes como de adultos mayores. Esto se ha agravado por la pandemia, obligando a cientos de miles de personas a permanecer al resguardo por enfermedades preexistentes conformando los llamado grupos de riesgo, sin asistencia estatal ni subsidio alguno. Por el contrario, en diferentes casos por los niveles de precariedad e informalidad laboral, han sido las trabajadoras quienes quedaron a cargo económicamente de hogares víctimas de las elevadas cifras de la desocupación o de reducciones salariales en el caso de adultos pertenecientes a dichos grupos de riesgo, entre otros.

En muchos casos los gobiernos han tomado la esencialidad como fundamento para basar las arbitrariedades y pauperización de las condiciones de trabajo que se han multiplicado. En el caso del gremio de la salud en el que las enfermeras son mayoritariamente mujeres, aún con presentaciones de amparos al sólo efecto de solicitar un cambio de turno laboral para poder desarrollar tareas de cuidado con plena vigencia de la ya mencionada resolución nacional 207/20, el Estado las ha denegado, al igual que un aumento salarial acorde al destaque (demagógico) de los primeros tiempos de la pandemia, cuando el romanticismo con el que se hablaba de la “primera línea” recuerda el accionar de los violentos que romantizan pero castigan.

El gremio estatal es otro de los afectados tanto por la ausencia del reconocimiento de la resolución como de la necesidad de un aumento salarial acorde a la inflación. El Estado supone que el 7% de aumento puede cubrir las necesidades de una canasta básica que no detiene su aumento producto del galope inflacionario.

En las últimas horas la empresa Metrovías aplicó descuentos salariales funestos a les trabajadores mayores de 60 años quienes están exentos de presencialidad alguna por ser parte de la franja etaria considerada de riesgo. Ni el Ministerio de Transporte local ni el nacional emitieron políticas que contrarresten la medida. Gobiernan para las empresas y sientan precedentes ejemplificadores.

Otro es el caso del gremio docente, conformado en más del 85% por mujeres. Las dispensas de cuidado no se han cumplido por parte de los gobiernos, en tanto las condiciones del teletrabajo agudizaron la sobrecarga laboral llevando al punto de 24/7 las tareas de continuidad pedagógica, cuyos gastos corrieron a cuenta del bolsillo docente y estudiantil.

En la CABA, días atrás el gobierno presentó el protocolo (costo cero) para el retorno a la presencialidad. En el mismo se establece que les estudiantes de grupos de riesgo podrán mantener la virtualidad; cabe destacar que no mencionan quiénes las dictarán ni la entrega de dispositivos digitales y conectividad. Pero tampoco menciona el reconocimiento de dispensas para docentes a cargo ya sea de hijes como de adultos mayores, o cónyuges de grupos de riesgo. Durante el 2020 se presentaron solicitudes a tal efecto y fueron denegadas sin argumentos de peso.

Sin embargo, la ministra de Educación Soledad Acuña ha impostado argumentos de género haciendo alusión a la sobrecarga que implica la virtualidad para las mujeres que deben ayudar a sus hijes con las tareas escolares, cuando deberían tener dónde dejarlos para asistir a sus lugares de trabajo. El cinismo de la ministra no tiene parangón: por un lado expone a las docentes que debiesen tener la posibilidad de acceder a licencias de cuidado sino que con el objetivo de abrir las escuelas sin condiciones para tal fin recurre a argumentos falaces, siendo ella misma la representación directa de la ausencia de construcción de escuelas maternales, infantiles y primarias, y niega vacantes al punto que se contabilizan más de 20 mil pibes sin acceso a una en la Escuela Pública porteña.

El temperamento patronal de Acuña lo replica Trotta y cada ministro provincial, el gobierno nacional y los gobernadores.

Son los defensores de la línea de que sean las mujeres trabajadoras quienes deban contratar a otras mujeres trabajadoras para tareas de cuidado, dándole de esta manera largas a la cadena de precarización laboral mientras, como en el caso de las docentes, el salario quedó subsumido ampliamente por debajo del costo de la canasta básica y las asignaciones familiares no cubren el kilo de pan y el sachet de leche.

La situación económica de cientos de miles de mujeres trabajadoras de todo el país está en terapia intensiva, mientras el gobierno de los Fernández-Massa desarrolla la línea fondo monetarista y pregona el fin del patriarcado, las mujeres continuamos haciendo malabares para surfear la incompatibilidad entre la crisis económica y el hecho de alimentar y sostener hijes y familias, mientras las condiciones de violencia doméstica se agravan al ritmo de la crisis en curso, y el sistema de salud no atiende las necesidades elementales de asistencia sanitaria y de las consecuencias en la salud que también provoca la pandemia. El vaciamiento de las obras sociales y el negociado de sus cajas deja sin cobertura real a les trabajadores y sus familias.

Sin embargo, las conducciones sindicales integradas a las variantes de gobierno juegan un rol de servilismo agudo postrándose ante los designios de políticas opuestas diametralmente a las necesidades e intereses de las mujeres trabajadoras como del conjunto del movimiento obrero. Sobre el punto salarial, de atención sanitaria y de licencias de cuidado, se llaman a silencio o a tibias menciones que tienden a desorganizar los gremios que representan. Tal es el caso del arco de sindicatos pj-kircheristas como ATE, Ctera y las CTAs.

En este sentido, queda de manifiesto la necesidad de la independencia política de los sindicatos. Las centrales y sindicatos de base deben romper los lazos e integraciones con las patronales, los gobiernos y el Estado y convocar a les trabajadores y a sus delegados a una deliberación en el marco de un congreso de bases que defina cómo enfrentar las crisis.

Desde el Partido Obrero, la Coordinadora sindical clasista y el Plenario de Trabajadoras exigimos:

-Aumento salarial igual al costo de la canasta familiar.

-Unificación del sistema de salud.

-Restitución, reconocimiento y vigencia plena de la resolución 207/2020.

-Licencia y dispensas de cuidado de hijes menores a 14 años, adultos mayores e hijes y/o cónyuges pertenecientes a grupos de riesgo.

-Plan urgente de vacunación.

https://prensaobrera.com/educacion/la-precariedad-del-plan-de-presencialidad-masiva-que-se-niegan-a-explicar-acuna-y-quiros/

https://prensaobrera.com/educacion/en-defensa-de-la-escuela/