Si se observan los diferentes programas que lleva adelante el Ministerio a cargo de María Migliore en la Ciudad de Buenos Aires, evaluando la situación actual y el presupuesto destinado al año entrante, se puede ver fácilmente cuál es la orientación que este defiende. Luego de una breve introducción que delimita los supuestos objetivos a cumplir y como los llevará adelante, ya saltan a la vista algunas contradicciones.

Vivienda

Mientras plantea que “se continuará promocionando y fortaleciendo aquellos programas que atienden a las familias y/o personas que se encuentran en situación de calle”, en el apartado referido al programa de asistencia integral a los sin techo hay una reducción en la cantidad de personas alojadas en paradores y hogares transitorios comparado con el presupuestado para 2021. De las 2.280 personas a las que se les buscaba dar solución el año actual, se pasaría a 1.277 personas alojadas.

En el mismo rubro se observa otro recorte en términos de la cantidad de personas atendidas con el subsidio habitacional del decreto 690/06, que busca paliar la imposibilidad de pagar un alquiler. De los 19.600 hogares que se buscaba dar solución en el presupuesto 2021 se pasa a 19.000 para el corriente año, cuando es evidente el aumento de la pobreza y la indigencia de forma permanente. Mientras en el 2020 el 7,8% de la población porteña estaba por debajo de la línea de indigencia, en el 2021 pasó al 9,4% (Clarín, 8/6). Actualmente hay más de 7.200 personas viviendo en situación de calle, y organizaciones que intervienen en este terreno consideraban en diciembre de 2019 que 25 mil personas se encontraban en riesgo de situación de calle, previo a la pandemia que profundizó el problema.

En cuanto al dinero destinado a soluciones habitacionales, uno de los programas que aborda este problema es el de la Ley 341/964, que otorga créditos hipotecarios para personas de bajos recursos ya sea para la adquisición de una vivienda o para la construcción de la misma. Lo contradictorio de este punto, tal y como está presentado, es que si se compara el pronóstico para el año entrante con el del 2021 no hay lógica que aguante. Mientras para el 2021 se presupuestaron $120 millones para construcciones y $135 para créditos que atendían una demanda de 751 familias, para el 2022 se están presupuestando $93 millones para construcciones y $153 millones para créditos que responderían a 4.418 familias. Queda claro que hay un recorte importante en el monto destinado al programa pero también la incongruencia de un presupuesto hecho a las apuradas, que responde al presupuesto nacional de ajuste que orienta los recursos del país al pago de la deuda en vez de dar solución a los problemas más urgentes de la población trabajadora.

Es una incógnita la situación que sucede con la urbanización de las villas y asentamientos de la ciudad, ya que no hay claridad en cuanto a qué presupuesto está destinado a cada barrio, si se construirán o no viviendas, cuántas viviendas se intervendrán para ser refaccionadas, entre otras tantas. Salvo el caso de la villa 31, donde en el apartado que refiere a la vivienda y urbanización del barrio incluso aparece una reducción del presupuesto de construcciones con respecto al 2021, el resto de las villas de la ciudad brilla por su ausencia, cuando los cortes de luz, de agua, las inundaciones en los días de lluvia y el hacinamiento son moneda corriente. Ninguna solución habitacional definitiva a la vista.

Trabajo y asistencia social

Con respecto a la asistencia alimentaria, un campo donde el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero vienen batallando tanto frente al gobierno nacional como al gobierno de Larreta en la ciudad, el presupuesto expone que “se preverán los recursos necesarios para asegurar la cobertura de las raciones a los Grupos Comunitarios”. Mientras, el número presupuestado de personas alimentadas por día se mantiene de un año al otro en 54.500, siendo que las organizaciones piqueteras han hecho un relevamiento donde por lo menos 100 comedores y 13 mil familias no son alcanzadas por esta asistencia, teniendo que funcionar a pulmón, cuando es el mismo Estado el que los llevó a esta situación de emergencia.

Sobre el programa “Ciudadanía Porteña”, un subsidio brindado por el GCBA que “apunta a sostener el acceso a la alimentación de las/os beneficiarias/os así como a promover el acceso a la educación y protección de la salud de los niños” se evidencia otro recorte. De 46.363 hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad atendidos que figuraban en el presupuesto 2021 y un monto de $4.951 millones, se pasaría a atender 36.780 hogares y a contar con $6.586 millones. Un aumento del 33% del monto, en concordancia con el presupuesto nacional, pero muy lejos de la realidad incluso según organismos oficiales como el Banco Central, que estima una inflación que rondará el 50%.

En un párrafo referido al problema del trabajo, aparece como una cuestión central la formación para el mismo y que se buscará “sumar nuevas organizaciones que brinden cursos de formación con efectiva salida al mercado de trabajo”. Corren el eje, cuando el problema del desempleo es la precarización laboral y la falta de trabajo genuino, además de poner a las organizaciones como quienes se deberían hacer cargo de la formación. Hay miles de trabajadores capacitados y con oficios que no son absorbidos por el mercado de trabajo producto de los cierres de empresas y fábricas, o que son despedidos sin ninguna intervención de los gobiernos que buscan cada vez más abiertamente hacer desaparecer las indemnizaciones. Mientras tanto el gobierno de Larreta y de Fernández se llenan la boca hablando de “economía popular” como eufemismo para el trabajo sin derechos laborales.

Por una salida de los trabajadores

Como conclusión, queda a la vista que este presupuesto no busca solucionar ninguno de los problemas que tienen los trabajadores más pobres de la ciudad. No aparece en ningún lado la posibilidad de un impuesto a la vivienda ociosa que busque dar respuesta a la crisis habitacional creciente, ni la quita del impuesto a la vivienda única, ni la construcción de viviendas nuevas, ni la generación de puestos de trabajo registrado. Lo que sí aparecen son programas paliativos, cada vez más recortados, en línea con la orientación general del gobierno nacional, que busca destinar el ahorro al pago de la deuda en vez de garantizar incluso las condiciones mínimas de subsistencia de la población.

Desde el Frente de Izquierda y las bancas en la legislatura porteña rechazamos este presupuesto de ajuste, seguiremos impulsando la organización de los trabajadores para conquistar los reclamos más urgentes, derrotar en las calles el acuerdo con el FMI que quieren imponer los Fernández y Larreta y para que la crisis no la paguemos los trabajadores.

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