El ingreso en la Legislatura porteña de un proyecto por parte de Rodríguez Larreta que busca la modificación del código urbanístico, posibilitando la construcción de barrios privados en la CABA, demuestra la orientación de un gobierno que día a día niega la posibilidad de los trabajadores de vivir en la ciudad.

En medio de una situación donde los inquilinos vienen enfrentando la dificultad para pagar alquileres cada vez mayores, como el aumento del 40% que golpeará los contratos firmados a partir de julio, se impondrán restricciones que favorecen la especulación inmobiliaria y encarecen aún más el suelo y la posibilidad de acceder a una vivienda.

El proyecto busca la modificación de la Ley 3.999 de catastro de la ciudad, permitiendo designar parcelas como “propiedad horizontal especial”, concepto utilizado en el Código Civil de la Nación que refiere a los barrios cerrados (Tiempo Argentino, 12/6). Con esto se permitiría cerrar determinadas zonas de la ciudad para la creación de barrios exclusivos para aquellos que puedan pagarlos, mientras en las villas y asentamientos miles de familias sufren permanentemente cortes de agua y luz y deben vivir hacinadas y sin poder lavarse las manos en medio de una pandemia. Es la realidad de casi 400 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires.

El oficialismo porteño hace años viene queriendo avanzar sobre las villas de la ciudad, realizando medidas cosméticas que no resuelven el problema habitacional y desalojando con topadoras a aquellos que no quieran o puedan pagar los altos costos que implica obtener una vivienda con los programas del gobierno, como sucede en la 31 o en la Rodrigo Bueno, profundizando la expulsión de sectores populares de la ciudad.

El problema de la privatización de espacios públicos tuvo gran repercusión de la mano del proyecto que busca construir edificios de lujo en la costanera norte. Mientras desde el peronismo plantean que esto no sucedería si estos terrenos no hubiesen pasado de la nación a la ciudad en los tiempos que Macri era presidente, no dan cuenta de que la concesión de terrenos para la especulación inmobiliaria en la ciudad en los últimos años no podría haber ocurrido sin el apoyo del PJ en la Legislatura porteña, además de que en los tiempos en que estos formaban parte del patrimonio nacional con CFK siendo presidenta no se avanzó en una urbanización real ni en la creación de viviendas para dar una solución definitiva a la crisis habitacional existente en la ciudad y el país.

Es necesario que se deroguen las concesiones de tierras para la especulación inmobiliaria, que se avance en la creación de un banco de tierras y viviendas ociosas, la urbanización real de las villas y la realización de un plan de obras públicas que garantice el acceso a una vivienda adecuada y con todos los servicios para todos los trabajadores en la ciudad.