En los últimos días estuvo circulando por los medios de comunicación un video donde se observa cuál es la situación que se vive actualmente en la Villa 1-11-14.

Con la idea de generar rechazo al escenario planteado en el video, donde se ve a los vecinos del barrio comprando y vendiendo en la feria con el fin de evitar los fuertes incrementos de precios de los negocios y al mismo tiempo poder conseguir un ingreso en medio del parate económico, los panelistas y redactores se hacen eco de los dichos de la persona que graba el video, quien denuncia que “no hay ninguna autoridad que haga cumplir (la cuarentena)”. Pero lo que no dicen es que esta persona repite lo que desde el gobierno, tanto nacional como de la Ciudad, se trata de imponer en la situación de emergencia: la intromisión del aparato represivo para hacer efectivo el cumplimiento del aislamiento.

La realidad económica de los trabajadores que viven en los barrios populares, que ya venía golpeada previo al avance de la pandemia, se vio agravada con el decreto del aislamiento obligatorio. Los ingresos a partir de trabajos informales o precarios se vieron disminuidos o en algunos casos hasta dejaron de existir, mientras que el pago de servicios y alquileres lo deben seguir realizando los trabajadores que no quieran salir de la cuarentena con una abultada deuda por falta de pago, ya que los decretos que impiden los desalojos y cortes de servicios no tiene en cuenta estos casos o aquellos donde no hay un contrato de por medio y el inquilino queda a merced del propietario, situación ampliamente extendida en las barriadas.

Los dichos de Alberto Fernández de que en los casos de que no se cumpla la cuarentena esta se haría cumplir “por la fuerza”, o el hecho de que se quiera presentar al ejército como el garante de la seguridad y el encargado de repartir el alimento a las familias que lo necesitan, busca establecer al aparato represivo en las calles para disuadir los posibles reclamos populares ante la agudización de la crisis. Los vecinos del barrio denuncian que la villa está rodeada por gendarmería, que vienen produciendo todo tipo de abusos, multas y detenciones injustificadas. El aislamiento comunitario implica la conversión de las villas en ghettos, donde no entra ni sale nadie y donde el hacinamiento de familias que comparten piezas y baños, y la

falta de obras públicas para agua de red o cloacas, provocan las condiciones propicias para la propagación del virus.

Son las familias que asisten a los comedores populares las que defienden los pocos alimentos que reciben contra los intentos de saqueos y se cuidan ante los hechos de inseguridad, que están a la orden del día en la 1-11-14, Soldati y las Villas 20 y 31. Por el contrario las fuerzas represivas aprovechan la desesperación y el hambre para generar una gran zona liberada donde se permite delinquir contras los vecinos y trabajadores de los barrios.

La falta de atención frente a la enfermedad que llevó a la muerte a Andrea Gómez, trabajadora del congreso y vecina de la 1-11-14, es la realidad que viven las 40 mil personas que viven en el barrio y es la realidad de más de 74 mil familias en las villas de la Ciudad. Cientos de miles de familias siguen sin recibir asistencia alimentaria y sanitaria por parte del gobierno de la Ciudad.

El Estado no garantiza las condiciones para el aislamiento y el resguardo sanitario sino que por el contrario produce el escenario para que el virus se extienda. La muerte de Andrea y la expansión del dengue en las villas demuestran que si no se toman medidas la situación de los barrios podría ser catastróficas. 

El “aislamiento comunitario” de Alberto Fernández es llevado adelante por Larreta aislando a los barrios pobres por completo del resto de la Ciudad. 

La prioridad del gobierno de la Ciudad no está puesta en la salud de la población trabajadora sino que está en continuar los negocios financieros. Lo demuestra la sesión legislativa que aprobó con el voto de todos los bloques, a excepción del Frente de Izquierda, un nuevo endeudamiento, que no fue utilizado para aumentar el presupuesto de salud o la asistencia contra el hambre en los barrios, sino que incluso parte de ese presupuesto fue destinado a la compra de material represivo.

Vender y comprar en la feria o intercambiar (trueque) alimentos por artículos de limpieza, porque no se puede comprar ninguno de los dos, es la realidad de cientos de miles de familias trabajadoras desocupadas que perdieron todo tipo de ingreso por changas o trabajos precarios. El Ingreso Familiar de Emergencia por ahora lo cobran solo 2 millones de personas de los 12 millones anotados. Se estima que la mitad podría quedar por fuera, ya que choca con otros subsidios, como es el caso de la ciudadanía porteña, que siendo una ayuda de tipo

alimentaria y que apenas ronda los $2.000 no permite el acceso al IFE, lo que se podría solucionar si AF los hiciera compatibles. Sumado a esto, la próxima tanda que ingrese lo hará recién a un mes de iniciada la cuarentena. La unidad de Larreta y Fernández golpea a los que se quedan sin ningún ingreso.

El cumplimiento efectivo de la cuarentena, con el fin de evitar la extensión del coronavirus, se podrá realizar cuando las necesidades de los trabajadores se vean satisfechas y no con mayor represión.

Exigimos un seguro al desocupado de $30.000, aumento de las partidas de alimentos para los comedores populares, reparto de kits de higiene y limpieza para las familias que lo necesiten, relevamiento de las situaciones de alquileres informales y su regularización, extensión y aumento inmediato del subsidio habitacional de la ley 690 para el pago del alquiler para las familias que se hayan quedado sin ingresos y la conformación de comités de trabajadores y vecinos para hacer cumplir este programa.