La crisis de inseguridad en Rosario y Santa Fe se agrava. Hoy en la provincia se realizaron cacerolazos para reclamar seguridad, en una línea parecida a lo que fueron las marchas de "Rosario sangra" aunque esta vez con epicentro en la capital de la provincia.

En lo que va del año ya hubo 52 homicidios, incluida una bebé que estaba en brazos de sus padres cuando fueron cruzados a balazos. Como está profusamente informado, la mayoría de estos crímenes forman parte de los ajustes de cuentas entre bandas narco cuyas cabecillas, vale tener en cuenta, están tras las rejas. La exjueza y actual vicegobernadora Alejandra Rodenas supo hacerse autobombo por haber encarcelado a la banda Los Monos, pero está claro a esta altura que los Cantero, Funes y compañía continúan operando desde la cárcel. La propia Rodenas fue salpicada por una acusación en base a que una de sus casas, ubicada en las islas frente a Rosario, habría servido de base de operaciones narco.

El gobernador Omar Perotti, que hizo campaña bajo el lema “Paz y Orden”, intenta hacer de esta situación una "oportuncrisis" y demostrar la importancia que tendría que diputados y senadores aprueben la Ley de Necesidad Pública que le da superpoderes y la posibilidad de endeudarse, condicionando el reforzamiento del aparato represivo a que el resto de la oposición le entregue este instrumento de arbitraje, y con él la posibilidad de sumar "recursos".

En una actitud inédita, el jefe de la policía de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, llamó a que “la gente se movilice masivamente” para reclamar un refuerzo presupuestario que habilite una mayor presencia policial en la provincia.

Echa leña al fuego y coloca la pelota en el campo del gobierno, del cual se mantiene independiente. Mientras, crece la desconfianza y la bronca de la población por el papel criminal de la policía.

La oposición, por su parte, participó hoy de una reunión con el ministro de Seguridad de la provincia y “valoró mucho” sus explicaciones. Consultados, ni los personeros del PRO ni del radicalismo ni del socialismo pudieron decir absolutamente nada sobre las medidas concretas que resolvieron para ponerle un freno a esta situación, demostrando la impotencia de todo el régimen político.

Para emprender una política de defensa de la vida de la juventud, de las mujeres, de jubilados y trabajadores, es necesario tomar medidas que transformen de raíz el régimen social narcosojero, pero eso supondría chocar con la base social que orienta la acción de los gobiernos que se sucedieron. Es por eso que la población denuncia una demagogia creciente.

"Me vine a Buenos Aires porque si me quedo en Santa Fe me cagan a tiros"

El novel ministro de Seguridad, Marcelo Saín, dedicó el verano a mostrar su incapacidad para darle una salida a esta crisis, sumando una serie de frases con las que se autolapidó. El funcionario obtuvo un merecido repudio por intentar naturalizar el recrudecimiento del delito, pero, nobleza obliga, la teoría sobre la estacionalidad de los crímenes ha sido usada por todos los gobiernos.

El problema de fondo es que en Santa Fe existe un autogobierno de la policía, con el que han convivido socialistas, radicales, macristas y peronistas durante años. Esta autonomía se retroalimenta en base a la cooperación sistemática con el crimen organizado. La vinculación de los altos mandos de la Policía de Santa Fe con el narcotráfico no es producto de algunas “manzanas podridas” sino de la naturaleza de una institución que usufructúa el monopolio de la violencia para vincularse con los negocios que más ganancias recogen a nivel mundial (narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas).

Sobran los ejemplos. La condena en Santa Fe al exjefe de Policía, Hugo Tognoli, junto al narcotraficante de Colastiné Daniel "Tuerto" Mendoza y el exjefe de la Brigada de Drogas, José Luis Baella, por la organización de una red de tráfico de droga. El asesinato de Pablo Cejas en Barrio Yapeyú, Santa Fe Capital, un cabo que sostuvo durante años su denuncia sobre toda la cadena de mando por formar parte de una red de narcotráfico en la Capital, y que luego fue acribillado por ese mismo mando según denuncia su esposa. La participación del jefe de la Policía de San Lorenzo en el encubrimiento del crimen de Paula Perassi. Caso tras caso aparece la maldita policía participando de los peores crímenes.

Marcelo Sain fue director de la Escuela Nacional de Inteligencia, donde se forman “espías policías o civiles para la investigación interna”. Pareciera que el ministro de Seguridad designado tuvo la tarea de retomar el control de la fuerza, pero las medidas que se necesitan van más allá de sostener determinadas posiciones académicas. Las pocas medidas prácticas, como restituir el personal policial en los edificios públicos baleados por los narcos (Tribunales provinciales de Rosario, Concejo Municipal de Rosario) fueron motivo de choques públicos violentos entre la policía y el gobierno desde el principio de la gestión.

La designación de Saín expresó una interna del PJ entre el ala que representa Omar Perotti y el sector de los “barones” que responden al senador del PJ por San Lorenzo, Armando Traferri. No por nada en su visita a Rosario el presidente Alberto Fernández planteó casi como única medida concreta, dentro de su diatriba contra la inseguridad, crear un Tribunal Federal en Puerto General San Martín… ubicado en el departamento de San Lorenzo.

En esta dirección vale la pena recoger una extensa entrevista a Saín donde habla de su investigación sobre la existencia de una asociación ilícita entre el capo narco de Rosario Esteban Alvarado, Armando Traferri y Alejandra Rodenas (Cosecha Roja, 13/7/19). Esta grieta interna quedó patente en la crisis por la aprobación del Presupuesto 2020, dando cuenta de que la cuestión del control de la policía está directamente ligada a los realineamientos más generales del peronismo por el dominio del aparato del estado.

Desmantelar la maldita policía

Salta a la vista que la fuerza que debiera combatir el delito es su principal organizadora.

La complejidad de qué hacer con las zonas liberadas y el reclamo de un reforzamiento policial debe ser abordada con una denuncia a fondo de esta verdadera estructura criminal, y la organización de su reemplazo por una fuerza electa y revocable por la ciudadanía.

Esta medida no será tomada por ningún gobierno que defienda la estructura económica que da origen al gran delito: campos, vías fluviales y puertos privatizados, que son los canales económicos del narcotráfico y la trata de personas, y luego “blanqueados” en los casinos, bancos y en la Bolsa de Comercio.

En Santa Fe existe un verdadero régimen narcosojero que solo puede ser desmantelado nacionalizando la tierra y los puertos, la banca y el comercio exterior. Medidas básicas para recuperar el control del territorio y empezar a poner un freno a la violencia cotidiana.