El incendio de un geriátrico en Gerli costó la vida de tres ancianos. El geriátrico "contaba con una ‘habilitación provisional’ para alojar a 14 personas, otorgada por la Municipalidad de Avellaneda (pero) alojaba a 29 internos que dormían en habitaciones reducidas" (La Nación, 21/4).

Como en Cromañón, la cadena de responsabilidades políticas abarca no sólo al gobierno municipal de Avellaneda, sino también al Ejecutivo provincial. Es que "según las estimaciones de las autoridades sanitarias, en la Provincia de Buenos Aires funcionan casi 900 geriátricos clandestinos, una cantidad equivalente a los que están habilitados en ese rubro" (La Nación, 20/4).

Son depósitos de ancianos que funcionan ante la mirada pasiva de los gobiernos municipales y provincial. No se puede hablar de “accidentes” cuando el gobierno municipal otorga vía libre al accionar de estos buitres.

Adaptando la consigna de las marchas por la masacre de Cromañón, "…a los abuelos los mató la corrupción".

Cacho Alvarez, actual intendente de Avellaneda, es uno de los 5 candidatos K para las próximas elecciones municipales.

Planteemos una salida a la corrupción de los gobiernos patronales, una salida obrera y socialista. No más vidas a cambio de "reembolsos" que habilitan la muerte.