A medida que “avanza”, el proyecto de ley laboral del kirchnerismo se torna más antiobrero, al punto que Moyano y la CTA han comenzado a criticarlo.

“Mi mayor objeción es al cambio que establece que el convenio mayor puede fijar normas menos favorables para los trabajadores”, escribió en Clarín (27/1) el asesor de Moyano, Héctor Recalde. Lo mismo dice Horacio Meguira, de la CTA: “Ahora se agrega una cláusula que altera el principio de negociación colectiva voluntaria, ya que las cúpulas podrán establecer el ámbito de la negociación”.

Pero si un convenio de empresa o de rama, que también firma la burocracia, puede fijar condiciones menos favorables para los trabajadores que el convenio de actividad y le da poderes extraordinarios a la “cúpula”; estamos en presencia de una nueva versión de la ley Banelco. Esto solo alcanza y sobra para rechazar el proyecto kirchnerista, algo que se obstinan en evitar tanto Moyano como De Gennaro.

Como lo muestran todos los convenios, hace rato que la burocracia pacta “normas menos favorables para los trabajadores”, como las vacaciones durante el invierno, la anulación de las categorías por la movilidad funcional o sueldos de miseria por presentismo y productividad.

Lo que una legislación laboral debe establecer es que los convenios no pueden perforar la Ley de Contrato de Trabajo, la cual debe ser depurada de toda la legislación antiobrera incorporada por la dictadura militar, el menemismo, la Alianza y el duhaldismo. Además, debe establecer la soberanía obrera: que los paritarios y el pliego de reivindicaciones deben ser elegidos en asamblea y los convenios sólo se pueden firmar si lo aprueban las asambleas.

Pero el proyecto Tomada agregó “los servicios de importancia trascendental o de utilidad pública donde se deben garantizar prestaciones mínimas en caso de paros o huelgas”. También se redujeron las indemnizaciones por despido, porque se agregó el tope a los que están fuera de convenio y se fijó un piso de un mes de sueldo cuando antes era de dos sueldos. Además, en el primer borrador se decía que los convenios debían ser aprobados “con el consentimiento de los representados”, lo que era una fórmula de parodia de asambleas o plenario de delegados. Ahora directamente dice: “con el consentimiento de los sectores representados”(Clarín, ídem), o sea, de la burocracia.

La rebaja de los aportes patronales se amplió a las empresas de menos de 80 trabajadores, que, como es admitido por todos, ayuda al “fraude laboral”, como lo informó el propio Ministerio de Trabajo con relación a las rebajas de la ley Banelco. Por todo esto no es llamativo que el “negrero” abogado de las patronales, Daniel Funes de Rioja, diga que el nuevo borrador “es una buena señal” (Clarín, ídem).

Todo esto muestra que el proyecto de ley laboral del kirchnerismo legaliza todo el andamiaje de flexibilidad laboral del menemismo, la Alianza y el duhaldismo, y hasta de la dictadura militar de 1976, refuerza el papel de la burocracia sindical y el arbitraje del Estado capitalista contra las huelgas y la acción directa de los trabajadores. También, en lugar de volver a los aportes patronales anteriores a 1994, prosigue con la reducción iniciada bajo el menemismo, extendiéndola por 12 meses, prorrogables, a los nuevos empleos para las empresas de menos de 80 trabajadores ( Clarín, idem)..

• Abajo la ley Banelco.

• Abajo la nueva ley Banelco.

• Que se vayan todos. Asamblea Constituyente