La cantidad de asalariados que aportan a la seguridad social, es decir que, a futuro, si logran mantener el trabajo en blanco, tendrán la posibilidad de jubilarse por sus contribuciones en un empleo formal, se redujo en los últimos 10 años -desde el primer trimestre del 2011 hasta el mismo período de este año- en 140 mil personas –de 6,83 a 6,69 millones-, lo que muestra la brutal caída de la ocupación bajo convenio, que no solo debe ser atribuible a la pandemia, sino al desempleo que trepa desde hace años, al crecimiento sistemático de la precarización laboral y al correlativo incremento del trabajo en negro.

Esto, cuando la población argentina se incrementó, en esta última década, más de un 10%, es decir que, solo aplicando ese porcentaje de crecimiento vegetativo, el total de aportantes en blanco tendría que superar actualmente a los 7,5 millones.

Es tal el derrumbe del mercado laboral formal, que actualmente hay aproximadamente un trabajador aportante por cada beneficiario del sistema de jubilaciones y pensiones, cuando se estimaba históricamente que la relación para hacer un sistema “sustentable” debiera ser de 2,5 a 3 aportantes por cada jubilado o pensionado.

Según un informe de la Cátedra Unesco del Instituto Torcuato Di Tella, realizado con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec del cuarto trimestre de 2020, “el 51,8% de los ocupados está en la informalidad” y solo “el 45% es asalariado” (La Nación, 1/8).

Este cuadro, que golpea de manera brutal a los trabajadores que ven liquidadas conquistas convencionales y legales históricas, alcanzadas con años de luchas, también apuntala el vaciamiento de las cajas de jubilaciones, que han sido esquilmadas por los sucesivos gobiernos y las patronales. Los gobiernos han hecho de los fondos previsionales una caja destinada a financiar los gastos del Tesoro y las patronales, cobijadas por las administraciones oficiales de todos los colores políticos, han sido exceptuadas de aportar y han lanzado a la informalidad a más de la mitad de los trabajadores del país.

Ante este cuadro de catástrofe -que lleva de manera creciente y sistemática al sistema previsional a 100 años atrás-, los gobiernos K seguidos por el macrismo, abrieron, desde el 2007 en adelante, la posibilidad de acceder a jubilaciones mínimas de hambre por la vía de completar los años faltantes de aportes por medio de moratorias.

Reflejando el cuadro de informalidad laboral reinante, los relevamientos de la Secretaría de Seguridad Social muestran que, de los 6,75 millones de jubilaciones y pensiones que se abonaron en junio pasado, 3,54 millones, es decir, el 52,4% habían sido alcanzadas por el camino de una moratoria (que sube al 65% si se toman solo las jubilaciones), lo que supone que pasan a formar parte del pelotón de jubilados que cobra la miseria de $23.064 (o menos en el caso de las pensiones, como la Universal para el Adulto Mayor –PUAM-, equivalente al 80% del haber mínimo, es decir de 18,450 pesos), apenas la tercera parte del costo de la canasta de los jubilados, que hoy ya supera los $67 mil.

Si bien las jubilaciones no se cubren solo con el aporte de los trabajadores sino con alícuotas de distintos impuestos, la caída brutal de los ingresos del Anses por el creciente trabajo en negro y por las exenciones y rebajas en el pago de aportes otorgados a las patronales (que, una vez aprobadas, nunca vuelven para atrás), no han sido compensadas por un incremento en las partidas del presupuesto, sino con un ajuste en los haberes de todos los jubilados, comenzando por los de la masa de trabajadores precarizados que, a la hora de retirarse, pasan a cobrar la mínima.

Vaciamiento y ajuste

El derrumbe del sistema previsional, impulsado conscientemente por los gobiernos K y el macrismo, para convertirlo en un régimen generalizado de aportes mínimos a la vejez similares a los de la jubilación mínima, tuvo su manifestación en los dos años de la pandemia: por primera vez desde la crisis del 2001, en el 2020 y el 2021, cayó la cantidad de jubilados y pensionados que cobran sus haberes por el Anses, respecto del año inmediato anterior.

El diario La Nación (ídem) atribuye esa caída de 104.000 jubilaciones menos a las demoras del Anses para dar las altas y añade que “ese es uno de los hechos que le permitió al gobierno de Alberto Fernández hacer un ajuste del gasto previsional”. Esto tal como le reclama el FMI y de lo cual forma parte tanto la modificación a las leyes jubilaciones de Macri en el 2017, acompañada por el peronismo y la burocracia sindical, que fuera resistida por la movilización popular en la plaza del Congreso, como el congelamiento en la actualización de haberes de Alberto Fernández, complementada con el cambio de índice para aplastar aún más a las jubilaciones.

La decisión de todos los gobiernos patronales de liquidar lo que queda del actual régimen previsional, plantea a los jubilados actuales, que verán disminuir sistemáticamente sus haberes en términos de poder adquisitivo, como a los trabajadores, futuros jubilados, con perspectivas de haberes previsionales de miseria para todos, la necesidad de colocar en un lugar prioritario la lucha por:

• Jubilación mínima equivalente al costo de la canasta básica; por un aumento mensual equivalente al alza de los salarios o la inflación –el que sea mayor.
• Por el restablecimiento de las contribuciones patronales y el fin de las exenciones a los capitalistas.
• Por el pase en blanco de todos y todas las trabajadoras.
• Por un salario mínimo equivalente al costo de la canasta básica.
• Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y de la Anses, con un directorio electo de trabajadores activos y pasivos.

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