Luego de que el “pronostico” inflacionario del gobierno fracasara estrepitosamente y tras la reapertura de distintas paritarias que habían cerrado entre el 30 y 35%, el gobierno nacional estudia elevar entre un 7 y 10% el salario mínimo. Sin embargo, este aumento es insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias y elementales de millones de familias obreras.

Resulta que el salario mínimo es uno de los grandes perdedores del 2021, acumulando una pérdida de su valor real año tras año. El adelantamiento del pago de las cuotas del mísero 35%, consensuado por el Consejo del Salario, no fue suficiente para atender una crisis del consumo, que se expresa en la caída de los ingresos de los sectores más vulnerables.

Ahora, el gobierno “estudia” igualar el aumento del salario mínimo al promedio de las paritarias del sector privado, aunque eso no implique ningún vínculo con el carácter alimentario y de base que debería cubrir el mismo. El aumento, incluso, vendría con demora, ya que estaría previsto para el mes de septiembre, cuando toca la revisión del consenso de ajuste.

Más caro para los que menos tienen

También falta por ver cómo espera instrumentar esto el gobierno, que en el pasado ha sido adepto a un número significativo de cuotas (siete, en los pactado originariamente), como si se tratara de uno de los planes oficiales de crédito al consumo. Se calcula que en el mejor de los casos –aumento total del 45% – el salario mínimo llegaría a los escasos $31.320, cuando actualmente (agosto) se encuentra en $28.080.

Un dato relevante es que mientras el gobierno escamotea el ingreso base de millones de trabajadores –o la referencia para el caso de precarizados del Potenciar Trabajo- la Canasta Básica Alimentaria tuvo un aumento interanual del 57,6% en junio, llegando a $28.414 para una familia tipo.

Lo significativo es que los pecios de los productos alimentarios esenciales, que fijan la línea divisoria entre la indigencia y la pobreza, aumentaron un 8% más que los productos que integran la “Canasta Ejecutiva” que elabora la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (Ucema).

La Canasta Ejecutiva mide el impacto de los precios respecto a un grupo familiar de un profesional ejecutivo con un nivel mensual de gasto de hasta $422.721 (junio). Según la Ucema, los costos para esta familia tuvieron un aumento interanual del 49,5%.

La diferencia en el aumento de ambas canastas se explica por la suba de los precios de los alimentos. Durante el 2020, cuando comenzó la pandemia y con cuarentena de por medio, la diferencia trepó a 11 puntos, poniendo de manifiesto el fracaso de las regulaciones y controles oficiales.

De la inflación interanual del 50,2% se destaca la suba de alimentos y bebidas sin alcohol en un 53,2%. Mientras que prendas de vestir y calzado treparon un 65% de aumento.

El aumento del que habla el gobierno para el salario mínimo no sigue ningún parámetro de la evolución del costo de vida de las familias trabajadoras, sino la tendencia ruinosa de la paritarias 2021, que en promedio se encuentran por debajo de la inflación interanual y de la proyectada.

El razonamiento más lógico indica que el salario mínimo no debería descender del valor de una canasta básica de $66.448. Justamente es lo que propone el Frente de Izquierda Unidad, partiendo de la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y de una recomposición general de los salarios para que estos cubran el valor de la canasta familiar de $103.000. Junto al seguro universal al desocupado.

En las actuales circunstancias, vivir cuesta algo mas que solo vida: algo así como mas de dos salarios mínimos actuales.