Políticas
27/7/2026
Caja de Jubilaciones de Córdoba: Llaryora “ahorra” a costa de municipales y todos los estatales
Es necesario un plan de lucha del conjunto de los estatales para anular la Ley 11.087 y toda la legislación anti_laboral y anti_jubilatoria
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En un artículo publicado este sábado, La Voz (25/7/26) informa que la reforma previsional implementada por el gobierno de Llaryora mediante los descuentos a los trabajadores establecidos en la ley 11087 le genera a la Caja de Jubilaciones un “ahorro” de $12.000 millones mensuales.
La Voz utiliza la palabra “ahorro” tomando el punto de vista del gobierno; pero no el de los trabajadores para quienes se trata en realidad de una verdadera confiscación sobre los ingresos, cuyo poder adquisitivo se ha visto recortado nuevamente producto de los descuentos compulsivos establecidos en la ley y que le permiten al gobierno ”ahorrar”.
Es decir que el gobierno -que gasta sumas multimillonarias en publicidad donde además de propagandizarse anuncia exenciones impositivas y subsidios de todo tipo para los grandes empresarios de la ciudad y del campo-, “ahorra” a costa de nuestro retroceso y de hacernos la subsistencia cada vez más cuesta arriba.
Al gobierno no le alcanza con la licuación de los sueldos con paritarias siempre por detrás de la inflación, tampoco con las sumas no remunerativas y los diferimientos de cobros en el tiempo ni con el desconocimiento del 82% que impuso con la ley 10.694 ni con los descuentos abusivos en al Apross; siempre encuentra un recurso para meternos la mano en el bolsillo y encima, como en el caso de la 11.087, en nombre de la “equidad jubilatoria”
Semejante impostura solo es posible porque cuenta con la complicidad de las conducciones sindicales que dejan pasar una tras otra las políticas de ajuste que permiten el “ahorro” del gobierno.
Un gobierno que le acepta a Milei el pago en cuentagotas de la deuda que tiene Nación con la caja provincial, mientras descarga mediante descuentos a los trabajadores el financiamiento del déficit de una caja cuya administración es de entera responsabilidad de los gobiernos provinciales y está intervenida hace 31 años.
Para terminar con el ahorro forzoso y el retroceso permanente de nuestras conquistas y derechos necesitamos cambiar el rumbo seguido por las organizaciones, que en lugar de representar los intereses de los trabajadores, hacen seguidismo al gobierno y a sus internas.
Acciones aisladas para la tribuna.
La conducta adoptada por los sindicatos estatales frente a la Ley 11087 es ilustrativa de su falta de independencia y de su subordinación frente al gobierno ya que hasta hoy se han negado a unificar los reclamos de los activos y jubilados estatales en una lucha conjunta mediante un plan de lucha progresivo y contundente, con movilizaciones y un paro general de estatales que permitiera lograr la derogación de la ley. En su lugar, solo se limitaron a convocar a los cuerpos orgánicos para “visibilizar” el despojo mediante un esquema de acciones mensuales aisladas, esporádicas y simbólicas, sin poder de fuego real; solo destinadas a lavarse la cara frente a las bases, haciendo un simulacro de lucha que dejó en pie hasta ahora todo el ajuste de Llaryora.
Al igual que la CGT nacional -que dejó pasar la reforma laboral sin lucha limitándose a presentar amparos en una Justicia que está en sintonía con el gobierno y terminó convalidando la reforma- también en Córdoba los gremios han puesto fichas en la jJusticia de Llaryora. Los jueces puedan hacer lugar a algún amparo mientras dilatan la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 11087 para resolver sus propios reclamos, pero está claro que se trata de la misma justicia que dejó pasar antes la ley 10.694 y demás recortes jubilatorios.
Conclusiones para ir a un plan de lucha integral
La disminución de la alícuota solo equivale a aflojar un punto de la correa con la que nos ahorcan, recaudando un poco menos de “ahorro” y es previsible que ocurra porque el gobierno prefiere la rebaja de la alícuota a la declaración de inconstitucionalidad que correspondería de una ley que cambia las condiciones previas de los aportantes, es decir que legisla hacia atrás yendo de manera regresiva sobre derechos adquiridos y consolidados. Permitir que continúe la vigencia de la 11.087 es permitir una confiscación que deposita la responsabilidad de sanear el déficit de la Caja sobre nuestros salarios que tiene carácter alimentario. No se trata de un problema solo de los jubilados actuales. La confiscación opera sobre el salario de los trabajadores activos, que somos actuales aportantes a la Caja y al Apross.
Es necesario convocar al cuerpo de delegados para que vuelva a sesionar y preparar las condiciones para que las bases deliberen y resuelvan medidas de acción directa, progresivas y contundentes con el conjunto de los gremios estatales con el objetivo explícito de la derogación de la ley.
Los trabajadores necesitamos sacarnos de encima los recortes de los gobiernos chupasangre que sobreviven gracias a la complicidad de la burocracia sindical. Es la hora de retomar la calle con un verdadero plan de lucha, que tire por tierra la connivencia entre la justicia adicta, el gobierno y la burocracia cómplice.
