Tres de las grandes evaluadoras de riesgos – FitchRatings, Standard & Poor’s y a Moody’s – que califican la economía de los distintos países, para poner en alerta a los grandes inversores internacionales sobre las crisis que perciben en cualquiera de ellos, bajaron las calificaciones de la Argentina en su capacidad de pago de sus obligaciones.

Fitch dio a conocer ayer un informe donde bajó de “estable” a “negativa” la calificación, porque pronostica que si bien en el 2019 la Argentina podrá hacer frente a los compromisos de u$s39.000 millones que vencen el año próximo con u$s23.000 millones restantes del crédito del FMI, con préstamos provenientes de otros organismos internacionales y con refinanciaciones, no sucede lo mismo con los pagos del 2020, cuando quede poco dinero por llegar desde aquel organismo y menos aún con los del año siguiente, cuando se hayan terminado las partidas.

Es que, sostiene, cuando ya no quede dinero del FMI, hay “perspectivas inciertas” de que la Argentina logre financiamiento externo de otro origen.

Preanuncia, así, que la Argentina podría caer en default ya en 2020, pronóstico al que disimulan bajo la denominación de “riesgo para la sostenibilidad de la deuda soberana”. Y añade que como gran parte de la deuda emitida por el actual gobierno fue en dólares, la depreciación del peso aumentó el grado de vulnerabilidad.

Hace un par de meses, mientras Fitch ya bajaba de “positiva” a “estable” la calificación, Standard & Poor's decidió colocar bajo "revisión especial negativa" la nota de la deuda argentina de corto y largo plazo, "por riesgos de implementación de las medidas de ajuste económico".

Por su parte, Moody´s dio a conocer ayer un reporte del Servicio de Inversores, en el que destaca que la Argentina (al igual que Turquía), sufrirá fuertes contracciones en los próximos trimestres, a medida que el crecimiento económico se desacelere en los mercados avanzados. Y que ambos “tienen una exposición relativamente alta al financiamiento externo y, por lo tanto, (los hace) más vulnerables”.

En su informe, Fitch destaca también que la baja en la calificación se explica por “la intensa inestabilidad macroeconómica del 2018, marcada por una gran depreciación del peso, (lo que) ha debilitado dramáticamente las perspectivas de crecimiento en el corto plazo” y ve un “futuro económico y político incierto”, al mismo tiempo que pone en duda la promesa oficial de “déficit cero”.

Fitch destaca en el informe que la caída del Producto Bruto Interno (PBI) en términos reales, las altas tasas de interés de la nueva deuda y los déficits fiscales son los principales riesgos para “la sostenibilidad de la deuda”.

Al igual que Moody´s, Fitch estima que la inflación del año próximo no será menor al 27% y que la economía se volverá a contraer entre un 1,5 y un 1,7 por ciento.

Estas calificaciones negativas de estas evaluadoras, que cuidan los intereses de los grandes fondos de inversión internacional, de los bancos globales y de los grandes operadores del mercado, se dan pese al ingreso de los u$50.000 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional y a los esfuerzos del gobierno de Macri por mostrar que está dispuesto a avanzar a fondo en su ofensiva contra los trabajadores y los demás sectores populares.

Respecto del mismo cuadro económico actual, el economista Walter Graziano (Ámbito 8-11) destaca que “la transitoria calma en el dólar, a un costo de tasas activas de entre 7% y 10% mensual, parece haber generado la fantasía en los funcionarios de que la situación está bajo control cuando en realidad lo que hay es un descontrol total”. Y añade que “la transitoria estabilidad del dólar es sólo una victoria pírrica al costo de una economía en estado ruinoso”.

“Las deudas en dólares de empresas y particulares crecieron un 100% en lo que va del 2018 y alerta sobre las enormes dificultades que va a tener una parte creciente de los deudores para poder honrar las deudas a su vencimiento, sean estas en dólares o en pesos” (ídem).

Son todas muestras de los pies de barro que tiene el actual gobierno y la posibilidad y la necesidad de que el movimiento obrero derrote el plan de ajuste que oficialismo y oposición pejotista están descargando sobre los trabajadores. Que, además, lleva al país a un colapso y a una crisis sin precedentes.

Es necesario un paro nacional activo de 36 horas, inicio de un plan de lucha hasta liquidar el plan antiobrero. El sindicalismo combativo debe trabajar por un congreso de bases de todo el movimiento obrero que sea el que garantice la puesta en marcha y la organización de la lucha.