El acuerdo arribado en el Senado entre Cambiemos y el bloque del Partido Justicialista para recibir aportes de empresas implica una legalización de las coimas que reciben en las campañas electorales los partidos patronales. No es casual que se dé en momentos que arrecian las investigaciones judiciales a todos las fuerzas políticas, tanto al kirchnerismo en la causa de los cuadernos como al macrismo con el escándalo de los aportistas truchos en la provincia de Buenos Aires y también en la Ciudad de Buenos Aires. El mismo día que se dio a conocer este acuerdo, el periodista Alconada Mon reafirmaba en la Justicia que Cambiemos distribuyó 26 millones de pesos en bolsos por la provincia de Buenos Aires para solventar la fiscalización. El periodista de La Nación informó que el macrismo reunió con aportes de empresas por 1.760 millones de pesos, entre ellos contratistas de la obra pública y de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos. También describió cómo las fundaciones fueron utilizadas para reunir fondos ilegales, entre ellas la que pertenece a la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Que el acuerdo viene a legalizar las coimas y el dinero negro que financia las campañas electorales lo reconocen hasta los mismos impulsores del pacto en el Senado, cuando señalan que “debe sincerarse la situación”. De este modo pretende establecerse legalmente un mecanismo de cambio de favores, ya que los empresarios que financian las campañas lo hacen a cambio de que se apliquen medidas a favor de sus empresas. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los contratistas de la obra pública figuran entre los principales aportantes de la campaña de Rodríguez Larreta. Todavía queda por ver la letra chica del acuerdo, pero es muy probable que se permita a las empresas que aportan a los partidos descontar esos aportes de sus pagos de impuestos. De ser así, tendremos un negocio redondo para el capital a costa del fisco.

La aceptación del financiamiento empresario de las campañas electorales pone de manifiesto la naturaleza de clase de la democracia de contenido capitalista, que controlan el Estado por medios directos e indirectos. A la desigualdad de los recursos de campaña que surgen de estos aportes entre los partidos que defienden el régimen actual y quienes defendemos los intereses de los trabajadores debe sumarse el monopolio capitalista de los medios de comunicación, que agrava la manipulación del electorado.

Para dejar en claro que la medida apunta a agravar esta desigualdad, el pacto sellado en el Senado reduce en un 50% los espacios gratuitos cedidos a los partidos políticos en los medios de comunicación. Se trata de un ataque a las fuerzas políticas con menores recursos, que tienen en los espacios gratuitos la principal arma de campaña. En particular es un ataque a la izquierda, que ha mostrado su capacidad para valerse de ese recurso para llegar de manera efectiva al electorado.

El pacto del Senado viene a legalizar un régimen de corrupción generalizada, profundizando su carácter antidemocrático y proscriptivo.